Esta es la segunda acción legal que emprende la fiscal Luisa Ortega Díaz en contra de los magistrados que componen la alta corte que han sido negados
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) declaró hoy “no ha lugar” la solicitud hecha por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la máxima corte.
El TSJ, en Sala Plena “declaró no ha lugar” la solicitud Ortega Díaz contra seis magistrados titulares y dos suplentes de la Sala Constitucional para ser investigados por la decisión de esa corte con la que asumieron las facultades del Parlamento, dio a conocer el propio tribunal en un comunicado.
En consecuencia el máximo tribunal decretó “el sobreseimiento de la causa”. La medida de “antejuicio de mérito” solicitada a la plenaria del TSJ recaía sobre los magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana- Juan Jose Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.
El TSJ ordenó, “remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general”.
La fiscal general había solicitado que se retire la inmunidad de ocho magistrados por cuanto “pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”, afirmó la titular del Ministerio Público.
Se refería específicamente a las dos decisiones con las que a finales de marzo el Supremo se arrogó las funciones de la Cámara, inutilizando al cuerpo legislador, y declarando incompatible la inmunidad de los diputados, una medida que fue revertida poco después en medio del rechazo de la fiscal y la presión internacional.
Ortega Díaz señaló estas sentencias como una manera de “conspirar” contra la forma de república de la nación.
Esta es la segunda acción legal que emprende la fiscal en contra de los magistrados que componen la alta corte que han sido negados.