Se desperdició el billón de dólares petroleros y nos cansamos de importar todo, hasta capital humano, sin que haya una real transferencia de tecnología
Recientemente tuve acceso al Índice Global 2015 de la prestigiosa revista Nature que recoge el Top 100 de la actividad de investigación en un país, en cuanto a número de publicaciones en revistas científicas reconocidas. Es un indicador del estado de la investigación científica y en el caso venezolano revela una tragedia denunciada por todos. El ranking es dominado por EEUU y le sigue China; Venezuela ocupa el lugar 75, superado por la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Cuba (lugar 78). Brasil es el mejor punteado, ocupa el puesto 23.
Es devastador decirlo, pero la investigación en Venezuela en lugar de ser la solución a los problemas, se constituye en un problema más: ¿Cómo investigar sin equipos adecuados, insumos, transporte, infraestructura pertinente y un capital humano insatisfecho porque las condiciones para ejercer sus labores son deprimentes y los sueldos son de hambre? ¿Cómo se pretende hacer ciencia si el profesor tiene que decidir entre medio comer o comprar algunos libros, porque los viajes académicos están vedados y las suscripciones a las revistas se hacen en dólares, que no tiene y la universidad tampoco? ¿Cómo impedirle que se marche a otros países donde le dan todas las condiciones para llevar a cabo proyectos de investigación?
La realidad es que en Venezuela la política en investigación, ciencia y tecnología se ahoga en papeles sin valor alguno, porque es propaganda para parecer “progresista” en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Se desperdició el billón de dólares petroleros y nos cansamos de importar todo, hasta capital humano, sin que haya una real transferencia de tecnología. Somos simples consumidores, caídos en desgracia porque no hay dólares suficientes para importar los productos y servicios a los que se nos acostumbró o en el caso de las universidades, imprescindibles para las labores académicas, en general.
En este contexto enmarcamos la lucha de las universidades autónomas por su derecho a existir, amenazado por un Gobierno que, pese a su retórica a favor de la educación universitaria y la investigación científica, no cumple su responsabilidad de dotarlas suficientemente, ni reconoce su rol en la formación de profesionales y generadoras del conocimiento que coadyuvará a salir al país del marasmo en el que se encuentra; mucho menos para garantizar a su personal sueldos acordes con su elevada misión