Este nuevo incidente en las relaciones bilaterales con EEUU, no puede convertirse en una excusa para que el régimen arrecie su orientación hegemónica
Ojalá que el nuevo incidente diplomático con EEUU por la sanción a siete funcionarios venezolanos incursos en violaciones a derechos humanos, no se convierta en un trapo rojo, con el que el régimen oculte los graves problemas del país, en un año electoral en el que sus posibilidades de votos están por el suelo. Este tipo de sanciones pueden desagradarnos, pero lamentablemente la impunidad reinante en Venezuela, ha llevado a otro país a adoptarlas, en resguardo de derechos que son hoy supranacionales. Medidas como estas se han aplicado a funcionarios de Irán, Birmania o Siria, que también tienen gobiernos que violan los derechos humanos y persiguen y encarcelan a sus opositores. Son regímenes que además, abusan de una retórica llena de insultos e irrespetos a instituciones y personas de la comunidad internacional.
Es bueno dejar claro que esas sanciones que se vienen tomando desde hace meses, no son contra el pueblo venezolano, sino para unos funcionarios públicos en particular, incursos en diversos delitos y no afectan para nada las relaciones comerciales bilaterales hasta el punto de que Venezuela sigue exportando petróleo a EEUU e importando gasolina desde allá, entre otras cosas. Todo eso es parte del trapo rojo, rojito que el régimen pretende sacar a relucir, para distraer a los venezolanos de la atención que merecen los problemas reales del país. En consecuencia, este nuevo incidente en las relaciones bilaterales con EEUU, no puede convertirse en una excusa para que el régimen arrecie su orientación hegemónica ,en desmedro de nuestros derechos y garantías fundamentales, alegando razones de “soberanía y protección del pueblo venezolano”.
Por ello constituye un peligro nacional, la aprobación de una segunda Ley Habilitante en este período, para enfrentar un inexistente “ataque imperialista” y perfeccionar el sistema jurídico venezolano, sin que haga falta activar el estado de excepción. Con la Constitución y las leyes actuales basta para actuar ante cualquier ataque a nuestra soberanía, como el que está haciendo actualmente Guyana. Es grave que en un año electoral, se pueda legislar por decreto en desmedro de derechos políticos y garantías constitucionales, para alegar que hacer oposición al Gobierno y poner de manifiesto los graves problemas del país, es “traición a la patria”. Ojalá que no se convierta en un trapo rojo, rojito lo que el régimen quiere hacer aparecer como una nueva incursión de La planta insolente del extranjero, en el sagrado suelo de la patria.