Un vía crucis a la venezolana

La universidad, como institución, es invisible a los ojos del régimen, y necesita del apoyo de la sociedad civil para evitar el aceleramiento de su decadencia

Nosotros, los venezolanos de “a pie”, los que vivimos y padecemos las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional, no tenemos escapatoria a la arrolladora ola inflacionaria que deprecia nuestra calidad de vida; sobre todo a la indefensa clase media profesional. Con su característico desparpajo y retórica populista y demagógica, el régimen quiere hacernos creer que los problemas económicos son originados por la guerra de “fuerzas oscuras” imposibles de controlar: DólarToday, causante de una inflación inducida calculada en 70 %; la baja de los precios del petróleo y su rentismo, y el bloqueo financiero internacional.

Como una veleta, la verdad oficial se mueve conforme soplan los vientos para explicar la crítica situación de la economía nacional; pero lo hace con sustento en hechos reales, maquillados y mezclados con medias verdades. He allí porque ahora “se vive mejor” que antes cuando, reiterada la mentira, se comía perrarina o el mito de la atención a la educación universitaria, la cual cabalga sobre millones de estudiantes, antes excluidos ahora incorporados, nuevos centros de educación superior y el “gigantesco” presupuesto asignado.

Sin embargo, nada se dice de las penurias del personal universitario por un sueldo alarmantemente depreciado, el que como consecuencia de una cláusula leonina en la Convención Colectiva Universitaria no permite incrementarlo de acuerdo con los índices inflacionarios reales. La universidad, como institución, es invisible a los ojos del régimen, y necesita del apoyo de la sociedad civil para evitar el aceleramiento de su decadencia: por un lado detener la renuncia del personal académico, que se va tras mejores oportunidades laborales en el extranjero o la negativa de nuevos profesionales a integrarse a la comunidad académica (en LUZ, en 2015, 70 % de los concursos quedaron desiertos).

Por otro lado están las vetustas edificaciones, sin posibilidad de darles mantenimiento o construir nuevos espacios académicos porque el presupuesto asignado es insuficiente y obliga a la universidad a vivir de “mendrugos”, los créditos adicionales que otorga el Gobierno a discreción pero no se pueden aplicar a la inversión. El punto culminante es la imposibilidad de elegir sus autoridades, decisión atada a un TSJ politizado que a lo largo de casi una década no emite sentencia que refrende la autonomía universitaria. Caminamos a nuestro Gólgota particular.