Han anunciado que sumarán nuevas demandas tanto la fiscal Luisa Ortega Díaz, como también el secretario general de la OEA Luis Almagro, asesorado por el expresidente del TPI Luis Moreno Ocampo
No es la primera vez que los más altos funcionarios de la ONU han mostrado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre los que destaca -sin lugar a dudas- el alto comisionado de los Derechos Humanos del máximo organismo mundial Zeid Ra’ad Al Hussein destacado diplomático jordano, quien de manera reiterada y contundente ha retratado las violaciones realizadas por el Gobierno bolivariano.
Uno de los aspectos resaltantes del informe de la ONU, es que aporta elementos suficientes para poner en marcha la jurisdicción penal internacional contra los violadores de derechos humanos en el país y dar curso legal a las múltiples y variadas demandas introducidas ante el TPI, ya que al señalar que en la represión se han “identificado de manera sistemática y excesiva el uso de la fuerza de parte de los organismos de seguridad y grupos parapoliciales”, que es precisamente lo que define el Tratado de Roma -que le da nacimiento al TPI- que tipifica el “delito de lesa humanidad”.
En estos momentos han anunciado que sumarán nuevas demandas tanto de la fiscal Luisa Ortega Díaz, como también del secretario general de la OEA Luis Almagro, asesorado por el expresidente del TPI Luis Moreno Ocampo, quienes podrán alegar que se ha usado de manera sistemática y excesiva el uso de la fuerza contra las víctimas. Por todo ello, resultará muy difícil que los jueces del Tribunal Penal de La Haya no se pronuncien al respecto.
Además, el informe va mucho mas allá, porque de manera exhaustiva enumera casos de torturas; violaciones a la integridad física; allanamientos ilegales; destrucción de la propiedad privada; aplicación de justicia militar a procesados civiles; violaciones a la libertad de expresión y múltiples acciones ilegales que reflejan la pesadilla que vivimos. El embajador Al Hussein hizo un llamado urgente para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, para luego advertir que “existe una preocupación real de que en medio de la crisis económica y la continua polarización política la situación se deteriore más”.
Su propuesta es que los plenipotenciarios del Consejo de DDHH adopten un mecanismo de seguimiento para prevenir los crecientes abusos, y nuevamente propuso que una comisión de investigación integrada de manera imparcial y escrupulosa, se traslade a Venezuela para verificar in situ la situación de los derechos humanos, y luego presente en Ginebra las recomendaciones al Consejo de DDHH.