¿En qué se convierte un gobierno que despoja de su independencia al TSJ, presiona a magistrados y jueces, se guarda para sí el derecho y aplica justicia selectiva?
¿Por qué en la patria de Simón Bolívar, a quienes hacen política de oposición, reclaman derechos, piden cuentas claras y justicia, los reprimen y tratan como delincuentes? ¿Por qué este Gobierno dispara contra la multitud y luego endosa la culpa de heridos y muertos a quienes protestan? ¿Acaso estas no son prácticas de terrorismo de Estado? Todo el mundo se da cuenta, no necesita lentes de aumento ni análisis psicológicos para percibir la jugada arbitraria y peligrosa que el Gobierno urde para reprimir a los dirigentes políticos de la oposición. ¿Cuántos por hacer política están tras las rejas o son objeto de represión desde que este grupo, mal llamado socialista, se apoderó del poder? ¿Por qué y para qué reprimen, persiguen y apresan o tratan de intimidar a todo aquel que piense diferente?
Desde 1998, este grupo que se hace llamar socialista, declaró la guerra y la oposición no quiso escucharla. Pero por despilfarro de los petrodólares, la mala administración de PDVSA y todas las industrias básicas, el saqueo al BCV y falta de prevención político-administrativa, la guerra y el “plan socialista”, al parecer, se les fue a pique. Si hay justicia selectiva y malintencionada actitud contra un sector de la población, se puede inferir, que el Gobierno para segregar políticamente, enajenó al Poder Judicial y anuló el Estado de derecho. Entonces, en esta truncada guerra, ¿en qué se convierte un gobierno que despoja de su independencia al TSJ, presiona a magistrados y jueces, se guarda para sí el derecho y aplica justicia selectiva, en contra de los derechos de los dirigentes políticos que apresa? Este Gobierno oficializó las violaciones a la Carta Magna, esto, por demás, lo ilegitima. La detención y juicios amañados en contra de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y Daniel Ceballos junto a otros centenares de presos políticos y miles de manifestantes en régimen de presentación, ejemplarizan estas aseveraciones.
Ahora se ensañan contra otros líderes y tienen un aplique especial contra el dirigente de VP, Lester Toledo. Esto resulta, solo por pedirle respuestas al gobernador Francisco Arias Cárdenas por las obras inconclusas y abandonadas, durante su gestión, en el estado Zulia. Pareciera, que pedirle cuentas y justicia a los gobernantes es delito. Entonces, ¿quiénes hacen política al margen de la ley? Recuerden, que quien obtiene triunfos mediante la división de un país, tendrá gobiernos inestables, hundidos en la banca rota, y por todas las arbitrariedades que de allí surgen, jamás obtendrá el éxito definitivo de la victoria final. Venezuela es un ejemplo, por ello está urgida de unidad y democracia.
enero 25, 2025 - 5:50 pm
