254 vecinos denuncian violación a la propiedad privada. Los habitantes de la zona atribuyen la destrucción del cercado de su terreno y presencia de colectivos al director del Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Zulia (Inzuvi), Víctor Padrón
La comunidad de la Villa San José, ubicada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, denuncia una “invasión” por parte del Gobierno regional. La demolición del cercado eléctrico y asfaltado marcaron el inicio de un conjunto de acciones que los vecinos consideran “violación a la propiedad privada”. La presencia de los colectivos afecta el estilo de vida de los habitantes del lugar.
Marjorie Bozo, presidenta de la Asociación Civil Asociaco, declara que la acción se realiza a través de un proyecto de la misión Vivienda, dirigido por Víctor Padrón. Un terreno de aproximadamente seis mil metros cuadrados, “los cuales tienen propiedad privada legítima, plano catastrado y proyectos”, estaba destinado por sus propietarios para locales comerciales y centros educativos.
Bozo explica que desde hace dos meses funcionarios de la Gobernación ocupan el terreno. Reporta “atropellos” a los vecinos, ruptura de aguas blancas y alteración de la seguridad de la comunidad, pues derrumbaron el cercado eléctrico y el riel del portón.
Jesús Lizardo, abogado miembro de Asociaco, asegura que la medida tomada por Padrón viola principios constitucionales. El derecho a la propiedad privada, normativas de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, además de otras ordenanzas referentes a la zonificación y construcciones ilegales de la ciudad de Maracaibo son los instrumentos legales sobre los que la comunidad se apoya.
Denuncia que el gobernador Francisco Arias Cárdenas remitió el caso a la Procuraduría del estado, donde luego de comprobarse la legitimidad de Asociaco, envió tres notificaciones al ingeniero Víctor Padrón, quien no acató ninguno de esos llamados.
Planificación de servicios
Ada Raffalli, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal, afirma que el problema más contundente se reflejaría en la planificación de los servicios públicos de la zona, que no admite la construcción de viviendas multifamiliares: “Si usted recibía precariamente el agua, la luz y el gas, ahora, luego de que construyan ese desarrollo masivo, no los va a recibir”.
El proyecto a desarrollar consta de 19 torres de cinco pisos para un total de 289 apartamentos. Raffalli agrega que existe una probabilidad de que el proyecto no se concrete y propicie una invasión informal que perjudicaría la calidad de vida de los vecinos.
“Hago un llamado al Gobernador del estado, al señor Víctor Padrón, que tiene nexos directos con el gobernador: usted tiene en sus manos impedir que se construya ilegalmente en terreno propiedad privada”.
La concejala se compromete a estudiar el caso, convocar una sesión donde los afectados tendrán derecho a la palabra y servir de intermediario para velar que la construcción sea ejecutada en otra parte.
Léster Toledo, diputado por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, asevera que el Ejecutivo regional “está aplicando la política del ‘malandraje’”. “Cada vez que se acercan a una propiedad que es de ellos, que pagaron su terreno y lo compraron; les salen los colectivos con motorizados”.
Toledo duda de la vialidad del proyecto: “Es un vil chantaje electoral hacer 300 apartamentos en un país sin cabillas, ni cemento, ni materiales para la construcción”.
diciembre 7, 2024
