Ángel Rafael Orihuela, quien presidió la cartera sanitaria, afirmó en conversación con La Verdad, que este mismo tráfico de documentos de salud se presenta en el estado Bolívar
Comprar un certificado de vacunación falso, significa un riesgo de muerte. José Félix Oletta, exministro de Salud en Venezuela, calificó la venta ilegal de cartones de vacunación contra la fiebre amarilla o cualquier otra enfermedad como un arma de doble riesgo. “No es solamente que una persona salga del país y pueda portar alguna de estas enfermedades infecciosas, sino también el hecho de que no está inmunizado a contraerla. La irresponsabilidad de las personas que venden estos certificados y de quienes las compran, es un escándalo”.
El médico aseguró que en Venezuela no existen brotes recientes de fiebre amarilla, por lo que su mayor preocupación es que las personas se van del país expuestos a cualquier tipo de infecciones. Acotó que la responsabilidad y consecuencias que puede acarrear el tráfico de documentos de salud pública son “únicamente” del Ministerio de Salud. “Esto hay que hacerlo público, no se puede permitir que personas salgan del país propensas a enfermedades infecciosas letales como estas”.
Realizó un llamado al Ministerio de Salud y Secretaría de Salud del estado Zulia, a que apliquen medidas para controlar este nuevo mercado negro y a penalizar a los implicados. “La ciudadanía debe entender que estas medidas sanitarias son necesarias y que se causan un daño a ellos mismos al prestarse para este “bachaqueo”. La vacunación es un derecho público por el cual no se cobra absolutamente nada. El Estado debe actuar inmediatamente para frenar este abuso”.
Los riesgos
Olleta aseguró que esta venta ilícita puede incidir en la reaparición de enfermedades erradicadas. “Para viajar te exigen un Certificado Internacional de Vacunas, si no hay vacunas en el país, significa que esto no solo sucede con la fiebre amarilla, también sucede con la difteria y el sarampión”.
El especialista en Medicina Interna, catalogó de “estafa” el Plan Nacional de Vacunación que debía empezar el pasado 6 de abril. “Ese plan de vacunación es un engaño, realmente ofrece solo 11 vacunas efectivas y no 14 como especifica el presidente. Faltan las vacunas de neumococo, influenza, infecciones digestivas para los bebés, VPH, es decir, hay no menos de cinco vacunas excluidas”.
Ángel Rafael Orihuela, exministro de Salud, afirmó en conversación con La Verdad, que este mismo tráfico de documentos de salud se presenta en el estado Bolívar. “En Brasil sí existen brotes de fiebre amarilla y hay personas inconscientes con certificados falsos que cruzan la frontera”.
Acotó que es preocupante que esto suceda en otros estados del país e instó al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud a realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas necesarias.
Dolarización
Según la página del Ministerio para la Salud, la jornada especial de vacunación es una respuesta que el Estado venezolano da ante la “escasez de vacunas en Venezuela, en particular desde 2017 en el sistema de salud pública, a la vez que en clínicas privadas los costos de las vacunas rondan los 200 dólares”.
Además de denunciar la práctica como ilegal, el texto destaca que el precio está por encima de los parámetros internacionales de las vacunas, donde el costo oscila entre los 10 y los 20 dólares según el tipo.
Recuerda que la vacuna es gratis en el esquema aplicado por el Gobierno venezolano a los infantes, y también en el resto del Sistema Público Nacional de Salud, una realidad distinta a los casos de México, Colombia y el sistema privado de salud venezolano.
En contraste con la nota de prensa, el pasado 22 de marzo el país neogranadino inició un plan de vacunación gratuito en las áreas fronterizas para evitar la proliferación de enfermedades importadas de Venezuela, como ocurrió con el virus del sarampión, del que no se había tenido registro en el país desde 2015.
El rotativo visitó tres clínicas en el noreste de Maracaibo para verificar la existencia de vacunas antiamarílicas y se verificó la escasez de la misma tanto en instituciones públicas como privadas.
diciembre 7, 2024
