El reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados son algunos de los delitos que están sufriendo en la región colombiana del Catatumbo los venezolanos, las nuevas víctimas del conflicto armado, según un informe presentado este jueves por la ONG Human Rights Watch (HRW)
El reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados son algunos de los delitos que están sufriendo en la región colombiana del Catatumbo los venezolanos, las nuevas víctimas del conflicto armado, según un informe presentado este jueves por la ONG Human Rights Watch (HRW).
El estudio “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia” señala que en esa región están enfrentados desde el año pasado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal.
Allí también tienen presencia grupos de disidentes de las FARC, que al igual que el EPL y el ELN están cometiendo “numerosos abusos contra civiles” como asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado, entre otros.
En esa zona, fronteriza con Venezuela, “es imposible” saber cuántos ciudadanos del país petrolero están radicados porque “la presencia del Estado es limitada y en algunas partes de esa región los grupos armados realizan controles en cruces ilegales”.
Las autoridades colombianas estimaron que hay 9.106 venezolanos en Catatumbo, aunque HRW señaló que no fueron censadas todas las áreas rurales y que la consulta se realizó cuando el EPL efectuó un “paro armado” en el que se prohibió el tráfico de vehículos, se cerraron todos los negocios y se suspendieron todas las actividades.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que hasta abril de 2019 por lo menos 25 mil venezolanos vivían en esa región, conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Muchos de estos migrantes, constató la organización, viven en condiciones precarias, pues algunos “duermen en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable”.
En los primeros seis meses del año, según cifras del Ministerio de Defensa mencionadas en el informe, 16 venezolanos fueron asesinados en el Catatumbo, tres menos que el total de homicidios registrados por la Policía en el 2018.
Estas cifras son graves si se comparan con las de 2017, año en el que hubo cinco casos, y 2016, cuando las autoridades no registraron el homicidio de ningún venezolano en esa zona.
La OCHA señaló además que ha recibido denuncias de violencia y abusos sexuales contra mujeres y niñas, muchas de las cuales no lo denuncian ante las autoridades colombianas por temor a represalias de los agresores o a ser deportadas por el Gobierno.
Según un organismo humanitario que opera en la región, citado en el informe, “hay niñas venezolanas de entre 12 y 15 años que participan en relaciones en las que se intercambia sexo por 5.000 pesos colombianos (menos de dos dólares)”.
Otro de los temas que preocupa a la ONG es que en el Catatumbo menores de edad, tanto venezolanos como colombianos, trabajan en plantaciones de coca y eso puede suponer un obstáculo para que asistan a la escuela.
Por otra parte, el informe señala que, según cifras gubernamentales, más de 40 mil personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo, la mayoría de ellas el año pasado principalmente por enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos criminales.
Las cifras de homicidios se duplicaron, pues pasaron de 112 casos en 2015 a 231 en 2018, ocho de los cuales fueron analizados por HRW que concluyó que “presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas”.
Para realizar el informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 80 personas entre víctimas de abusos, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona.
diciembre 7, 2024
