Expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU custionan la falta de separación de poderes. Una representación del Estado venezolano continúa hoy con la presentación del informe de DDHH en la ONU
Una delegación oficial de Venezuela dijo ayer en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el derecho a la manifestación y reunión están garantizados por la Constitución del país y son respetados, aunque señaló que no se trata de un derecho absoluto porque debe ejercerse de forma pacífica.
Con un retraso de siete años, Venezuela presentó ayer su cuarto informe periódico ante ese órgano de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con ese fin llegó a Ginebra una masiva delegación oficial, integrada por una treintena de funcionarios de diversas áreas del Estado, incluidos altos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público.
A la cabeza de la delegación estuvo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien señaló que si bien el derecho a la manifestación y reunión está consagrado en el ordenamiento jurídico del país, “está condicionado a que sea pacífico y sin armas”. “Si estas condiciones están ausentes, deja de ser un derecho”, recalcó.
Aseguró que “en Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas” y que el deber de la policía es que no deriven “en la vulneración de los derechos de los demás”.
Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender “lo ocurrido en Venezuela en 2014”, en relación a las manifestaciones ciudadanas que terminaron en situaciones de gran violencia en las que murieron más de 40 personas.
La fiscal general describió esos eventos como “una ofensiva violenta” dirigida a “deponer a las autoridades legítimas” y que no tenían “nada que ver con el derecho a manifestar pacíficamente”.
“Es insólito que algunos medios de comunicación, voceros políticos e incluso supuestos defensores de derechos humanos justifiquen estos horrorosos crímenes y califiquen a sus autores como pacíficos manifestantes”, agregó.
Las críticas
Durante el segmento dedicado a las preguntas de los miembros del Comité, el experto Víctor Rodríguez manifestó su preocupación por la cantidad de leyes habilitantes que le han delegado poder al presidente Nicolás Maduro. Y cuestionó la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo: “Es un problema del Estado que no se haya elegido el Defensor del Pueblo bajo los estándares de la Constitución, sin contar con la participación ciudadana”.
Otro experto del Comité, Konstantine Vardzelashvili, solicitó información sobre las investigaciones adelantadas y las medidas tomadas ante la tortura y la violación de la que fue víctima la jueza María Lourdes Afiuni. En este sentido, el comisionado argelino, Lazhari Bouzid manifestó estar “boquiabierto” al conocer casos de jueces presos en Venezuela.
Ante esto, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, en representación del Estado, reaccionó mandando a callar al experto tunecino, Ben Achour, argumentando que hacía “elucubraciones” sobre el caso Afiuni. “Nuestros procesos son transparentes. No es cierto que a Afiuni se le haya hecho tratamiento en un establecimiento militar”.
Los expertos consideraron desproporcionada la reacción de Ortega Díaz, y manifestaron que “a pesar de que se ha adoptado la Ley Contra la Tortura, parece que no es muy efectiva en la práctica”.
La segunda parte de la sesión se desarrollará hoy, con las respuestas de la delegación y comentarios adicionales de los miembros del Comité.
Denuncian violaciones
Treinta organizaciones defensoras de los derechos Humanos en Venezuela denunciaron ayer ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), las reiterativas violaciones a los Derechos Humanos que incurre el gobierno venezolano en los últimos años.
“El Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los Derechos Civiles y Políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos”, reza un comunicado, en el que pusieron como ejemplo que “persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias; así como los ataques y hostigamiento contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellos que son críticos de las autoridades”.
En el comunicado suscrito, entre otras por Amnistía Internacional, Provea, Cofavic, Espacio Público, el Observatorio de Prisiones, Human Rigths Watch, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Venezolano de Violencia, se afirma que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela empeoró desde que el Gobierno decidió sacar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
diciembre 7, 2024
