Maduro
Que el presidente Nicolás Maduro no haya asistido a la 71.° sesión de la Asamblea General de la ONU, donde más de 135 jefes de Estado y de Gobierno debaten los más acuciosos problemas del mundo, da la medida del empequeñecimiento de Venezuela, aplastada, por una crisis sistémica de pronóstico reservado. Como un nuevo Dr. Francia (1766-1840), Maduro se aísla del mundo y rehuye la inevitable interpelación internacional por la violación de los derechos humanos, la crisis humanitaria y su desprecio a la democracia en su propia nación.
El boicot al revocatorio y la abolición de las elecciones de gobernadores y alcaldes, que algunos de los voceros del régimen anuncian irresponsablemente, profundiza aun más una crisis institucional que corre el riesgo de transitar rutas trágicas bajo el acompañamiento de la violencia. En las guerras de los ricos, casi todas, los pobres ponen a las víctimas; mientras que en la política venezolana actual, es el pueblo y la ciudadanía, la que padece en su cotidianidad, una irreversible caída en su calidad de vida. Y sí alguien lo duda, para muestra, los bebés en Anzoátegui, venidos al mundo en cajas de cartón.
Lo que nos interesa remarcar en este escrito son algunas latigantes palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon (1944), cuya actualidad no tienen desperdicio. “En demasiados lugares vemos a líderes que reescriben constituciones, que manipulan elecciones y que dan otros pasos desesperados para agarrarse al poder”. Cuando esto sucede, el derecho a la rebelión es proporcional al abuso. Nuestra Constitución se auto protege con los artículos 333 y 350. Trascribimos textualmente el primero: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
En la Venezuela crepuscular de ahora la mayoría de quienes ocupan un “cargo” confunden el servicio que están obligados a practicar con la obtención indebida de privilegios, lo cual los coloca en los terrenos de la corrupción y la violación de las leyes. Hoy el apartheid político es una realidad en nuestro país, donde la gente pierde sus trabajos porque “firmó” contra el Gobierno de turno ejerciendo un derecho constitucional. La “democracia participativa” desnudada en toda su hipocresía. Es por ello que a Delcy Rodríguez, en la ONU, nadie le paró.