Las violaciones más frecuentes que sufren los parlamentarios es la suspensión abusiva del mandato parlamentario, la realización de juicios sin las debidas garantías y la violación del derecho a la libertad de expresión
La Unión Interparlamentaria (UIP) calificó a Venezuela como el país en donde se cometen más abusos de los derechos humanos a parlamentarios, a través de una calificación anual oficial que emite la UIP.
El séptimo lugar en la lista lo ocupó Colombia, con 22 presuntos casos, seguida de Yemen que figuró en el segundo puesto con 71 violaciones, después está Turquía en el tercer puesto con 58 violaciones, y Camboya el cuarto puesto con 57, de acuerdo con la centenaria institución que aglutina a los legislativos de todo el mundo.
La lista, que es acumulativa incluyó 111 nuevas denuncias a lo largo de este año, en su mayoría procedentes de Venezuela y Yemen, destacó UIP en su comunicado.
La organización recoge y trata de investigar actualmente un total de 533 denuncias de abusos cometidos contra parlamentarios en 40 países, el segundo número más alto registrado por la institución.
Las denuncias provienen especialmente en países que se encuentren en crisis política, donde los gobiernos ejercen una presión abusiva sobre los parlamentarios de la oposición, indicó el comunicado.
Asimismo, la presidenta del comité de derechos humanos de la UIP, Aleksandra Jerkov, resaltó que la mayoría de los abusos sufridos por parlamentarios tienen su origen en presiones procedentes del Estado.
“No son solo un abuso contra la democracia, sino también un signo de debilidad”, señaló, haciendo un llamado para que los distintos gobiernos permitan a los parlamentarios poder desempeñar su labor sin temor a represalias.
Las violaciones más frecuentes que sufren los parlamentarios son, según la UIP, la suspensión abusiva del mandato parlamentario, la realización de juicios sin las debidas garantías y la violación del derecho a la libertad de expresión.
UIP recordó en ese sentido que propuso en repetidas ocasiones el envío de una misión de verificación de las denuncias de parlamentarios venezolanos desde el comienzo de la crisis política, pero que estas propuestas han sido rechazadas.