A partir del año 2011 comienza incluso a ser superior al ingreso fiscal, llegando casi a doblarlo en su cuantía en términos reales
La política fiscal de un país, no es más que el instrumento principal de gestión pública que utiliza el Gobierno nacional para conducir y orientar la actividad económica, con el fin de impulsar junto al sector productivo privado el crecimiento del PIB nacional, a través de la inversión y gasto público, en aras de generar un aumento progresivo del volumen de bienes y servicios que produce la economía, que finalmente se terminará traduciendo en mayores ingresos fiscales para la nación por la vía del crecimiento de la renta real de la nación y con ello el incremento del empleo que se traduce en un aumento del consumo.
En ese sentido, en los últimos 20 años la política fiscal ha tenido como característica -en estimaciones promedio- para el período 1997-2016, que el gasto corriente ha representado el 75 % del gasto público, es decir, el orientado al consumo, mientras el 20 % ha sido dirigido al gasto de capital, es decir a la inversión, y solo el 5 % restante destinado a las aplicaciones financieras o amortizaciones de deuda pública. Ahora bien cuando se indaga, cuáles son las fuentes de financiamiento de este gasto, se observa que el 48 % proviene de los ingresos fiscales -no petroleros-, el 28 % de los ingresos fiscales petroleros y el restante 24 % mediante la ley del endeudamiento público.
Sin embargo, al analizar con más detalle los ingresos fiscales no petroleros en los últimos tres años se evidencia que estos representaron como fuente de financiamiento del presupuesto público el 58 % en 2014, 61 % en 2015 y el 67 % en 2016, constatando la progresiva dependencia sobre los mismos. Siendo el impuesto sobre la renta (ISLR) y el IVA quienes representan el 90 % de las fuentes de ingresos fiscales no petroleros o mejor dicho 60 % del financiamiento del presupuesto público.
Ante este panorama fiscal antes descrito, sumado al crecimiento exponencial del déficit fiscal de 10 % con respecto al PIB en el año 2010 a 27 % en el año 2016, el cual a partir del año 2011 comienza incluso a ser superior al ingreso fiscal llegando casi a doblarlo en su cuantía en términos reales, donde el 90 % del mismo es financiamiento por la vía de la expansión monetaria que se traduce en mayores y crecientes niveles de inflación, permite augurar la inviabilidad fiscal del Gobierno.
Sobre todo, ante una situación actual tan sombría, con el cierre masivo de empresas, que se traduce en la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, un aumento exponencial de la informalidad y una contracción del PIB del 21 %, una inflación cercana a los cuatro dígitos y la disminución abrupta del consumo que ello ha significado y que hace presagiar la caída estrepitosa en términos reales del ingreso fiscal por concepto del ISLR y del IVA; más aún si se sigue aplicando la medida fratricida de ampliar la base impositiva, al no ajustar el incremento de la unidad tributaria con respecto a los niveles de la inflación, que hace que buena parte de la utilidad antes de impuestos de las empresas tenga que ser destinada al pago de impuestos, en lugar de la inversión para aumentar su niveles de producción y márgenes de utilidad.