En lo que va de 2026, varios países de América Latina lograron avances en la recuperación del poder adquisitivo a través de ajustes al salario mínimo. Sin embargo, Venezuela se mantiene en la última posición del ranking regional, según un análisis de Bloomberg en Línea.
De acuerdo con su informe, países como Uruguay, Chile y Costa Rica “mantienen salarios mínimos muy por encima de economías de menor ingreso como Venezuela o Cuba”.
Por su parte, Argentina, Chile, Bolivia y Brasil se mantienen en el top de países que aumentaron el salario mínimo con el objetivo de “proteger los ingresos de los hogares y contener las presiones inflacionarias”.
El medio detalla que estos aumentos respondieron a presiones políticas y sociales para mejorar los ingresos reales y mercados laborales relativamente resilientes en varios países, dijo a Bloomberg Línea José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia.
En el caso de Venezuela, se refleja que el salario al iniciar 2026 se ubicaba en 130 bolívares, estancado en esa cifra desde 2022, sin contar con un porcentaje de incremento. El sueldo en el país equivale a 23 centavos de dólar, aproximadamente, según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sin embargo, pese a los incrementos, se reporta que, en algunos casos, los aumentos apenas compensan pérdidas previas, mientras que en otros generan aumentos reales significativos.
El aumento del salario mínimo en grandes economías de Latinoamérica como Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia no fue efectivo para generar una recuperación generalizada del salario real privado/formal, manifestó Juan Pablo Filippini, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, en Argentina.
Filippini explicó que un aumento del salario mínimo puede ser absorbido sin mayores efectos de precios si acompaña no solo con mejoras de productividad, sino también con un crecimiento de la demanda y mayor competencia por trabajadores.
Pero cuando el salario mínimo sube más rápido que la productividad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y empresas de baja escala, el ajuste puede trasladarse a precios, márgenes empresariales, horas trabajadas, menor contratación formal o más informalidad.
Riesgos inflacionarios
Los expertos advierten que el principal riesgo inflacionario surge cuando los aumentos salariales superan de forma persistente la productividad laboral.
Uno de los riesgos es que los costos laborales crezcan más rápido que la capacidad de las empresas para absorberlos. Cuando esto ocurre, algunas compañías pueden reducir contrataciones, aplazar inversiones o trasladar parte de los mayores costos a los consumidores.
Los efectos suelen sentirse con mayor intensidad en pequeñas empresas y sectores con baja productividad.
Brechas existentes
El reporte afirma que, aunque en 2026 hubo una mejora real del salario mínimo en la mayoría de los países analizados, no se observa convergencia regional, sino una ampliación de brechas, pues los aumentos no reflejan “una recuperación generalizada del salario real”.
La diferencia es importante: “El incremento del piso salarial legal no necesariamente se traduce en una mejora del ingreso real del conjunto de los trabajadores”.
“Desde 2016, México y Colombia acumulan aumentos reales muy superiores; Brasil y Chile muestran trayectorias más moderadas; y Argentina registra una pérdida persistente de poder adquisitivo”, Filippini.
Sin embargo, cuando la comparación se hace en dólares corrientes, “aparece una convergencia parcial en algunos países hacia un rango cercano a los US$500 mensuales”.
Aunque muchos países han implementado incrementos reales del salario mínimo, las diferencias en productividad, inflación, tipo de cambio y nivel de desarrollo económico continúan generando estas divergencias significativas.
Actualmente, en Venezuela el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, monto que entonces equivalía a unos 30 dólares según la tasa oficial y que hoy representa alrededor de 23 centavos.
En los últimos años, la política salarial del Ejecutivo se ha centrado en bonificaciones para empleados públicos que no inciden en beneficios laborales. Estas incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y otro denominado “ingreso de guerra económica”.
El 30 de abril, la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela se ubicará en 240 dólares, mientras que las pensiones pasarán a $70 mensuales; sin embargo, no se refirió al salario mínimo.
Fuente: Bloomberg / El Cooperante
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