Aunque en el ciclo pasado del EPU Venezuela aceptó de inmediato 20 recomendaciones, en 2016, en medio de una crisis política, decidió posponerlas todas. Ni rechazó ni aceptó, solo postergó la decisión
Este jueves 14 de marzo, finalmente, el Estado venezolano debe fijar posición en la sesión de trabajo del Examen Periódico Universal que se llevará a cabo en Ginebra. Autoridades del país deben pronunciarse sobre las 274 recomendaciones que 102 países le hicieron en la reunión del pasado 2 de noviembre de 2016, cuando se reunió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza.
Ese día, el Estado recibió recomendaciones relativas a Ejecuciones Extrajudiciales, tortura, independencia del Poder Judicial, debido proceso, impunidad, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia generalizada, violencia de género y reanudación de las visitas de los relatores de los defensores de DDHH en el país.
Argentina e Italia mostraron preocupación por el incremento de las Ejecuciones Extrajudiciales y por el uso desproporcional de la fuerza policial.
Seis Estados en total: Italia, Kenya, Liechtenstein, Senegal, Uruguay y Guatemala recomendaron investigar y poner fin a los casos de tortura; ratificar Protocolo de la Convención de Prevención Contra la Tortura que firmó Venezuela en 2011 y tomar acciones para evitar crueldad contra los niños.
También se hicieron observaciones sobre los ataques a la prensa, los periodistas y la libertad de expresión, la escasez de alimentos y medicinas, la existencia de presos políticos y detenciones arbitrarias, la falta de independencia de los poderes y el irrespeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional.
Además, 20 países instaron al Estado a permitir la visita de relatores de derechos humanos, las cuales han sido negadas desde 2002. Uruguay, Costa Rica, Argentina, Guatemala fueron algunos de los Estados que coincidieron en la necesidad de solicitar que se reanuden las visitas de los relatores de Derechos Humanos al país y recomendaron extender invitaciones a relatorías de derechos humanos y procedimientos especiales y que el país se abra a la colaboración de mecanismos de Naciones Unidas.
La impunidad también fue referida en la sesión en la que compareció Venezuela. Seis Estados en total: Italia Uruguay Suecia Argentina Colombia y Ghana pidieron al Estado venezolano garantizar las investigaciones y sanciones a violadores de DDHH y que los mismos sean llevados eficazmente a la justicia. Solicitaron que se realicen investigaciones a las violaciones y que se garantice el acceso real a la justicia a las víctimas.
Tomar medidas necesarias para disminuir homicidios y acabar con la impunidad. Mejorar condiciones de detención y la garantía del debido proceso a estas personas. Respetar el debido proceso de DDHH y la libertad. Redoblar esfuerzos para evitar impunidad en crímenes como tortura y otras violaciones.
Las detenciones arbitrarias también llamaron la atención de siete Estados: Estados Unidos Argentina, Holanda, República de Korea, Canadá, Costa Rica e Irlanda. Todos manifestaron preocupación por las detenciones a opositores y utilización de órganos de inteligencia para la persecución. Piden mejorar condiciones de detención y la garantía del debido proceso de esas personas.
La violencia de género también generó reacciones en algunos países. Ocho en total: Namibia, España, Eslovenia, Timor del Este, Ucrania, Bahrein, República Dominicana y Estonia recomendaron tomar acciones concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas y para proteger sus derechos. También pidieron aumentar esfuerzos para evitar violencia contra mujeres y niñas, evaluar el tema de la mujer en cargos públicos y procurar el acceso de las mujeres a la justicia en cumplimiento con la ley de violencia contra la mujer.
En cuanto a la violencia en general, siete Estados se pronunciaron. Israel, Austria, México, Montenegro, España, Bangladesh y Costa Rica pidieron acciones con respecto a la violencia y discriminación; entrenamiento en DDHH a funcionarios policiales u oficiales, proseguir con los esfuerzos para combatir la delincuencia con un enfoque preventivo y de DDHH en seguridad ciudadana.
También manifestaron preocupación por las políticas de represión a la oposición y las manifestaciones, así como uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, Uruguay pidió ratificar la convención contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Aunque en el ciclo pasado del EPU Venezuela aceptó de inmediato 20 recomendaciones, en 2016, en medio de una crisis política, decidió posponerlas todas. Ni rechazó ni aceptó, solo postergó la decisión y optó por fijar una posición en la siguiente sesión de trabajo del Examen Periódico Universal, que se llevará a cabo este jueves en Ginebra.
Solo en lo que se refiere a Ejecuciones Extrajudiciales es importante destacar que los casos siguen en aumento en Venezuela. Según cifras documentadas por Cofavic, de enero a junio de 2016, se registraron 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo periodo de enero a junio de 2015 se registraron 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales lo que representa un aumento del 66 %. En 37 % de los casos se señala presuntamente la participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), y las cifras demuestran que los jóvenes que habitan en barriadas populares son los principales afectados por los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Adicionalmente, Cofavic y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe para destacar algunos de los principales retos y preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el último proceso de revisión periódica ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012
Y entre las recomendaciones planteadas figuran: Que el Estado lleve a cabo investigaciones eficaces, exhaustivas, imparciales e independientes, de conformidad con los estándares internacionales, de todas las denuncias e indicios de participación de miembros de sus fuerzas policiales y militares en ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, que conduzcan a la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.
Que el Estado promueva la adopción de una política de reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin discriminación alguna. Que garantice que los órganos policiales y los organismos de articulación en materia de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil. Que se ratifique la Convención para la protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.
Que el Estado extienda invitaciones para la visita al país de los procedimientos especiales de la ONU y, en particular, a los Relatores sobre la cuestión de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra la mujer.
Que se prosigan los esfuerzos para prevenir la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos. De la misma forma, debe reforzar e institucionalizar una capacitación con perspectiva de género, obligatoria para todo el personal judicial, los miembros de la fuerza pública y el personal de los servicios de salud, con el fin de asegurar que estén preparados para responder de forma efectiva a todas las formas de violencia en contra de la mujer.
Para la sesión de este jueves 14 de marzo se espera que el Estado venezolano acepte las recomendaciones, no las acepte, tome nota o asuma compromisos voluntarios.
Jorge Valero, embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, aseguró en noviembre de 2016 “que Venezuela acogerá la inmensa mayoría de las recomendaciones, muchas de ellas ya están siendo implementadas. Nuestro Gobierno asumirá, al menos, 24 compromisos voluntarios que serán agregados en el addendum durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017″, dijo Valero.
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