El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora María Corina Machado, pidió este jueves 20 de marzo la liberación de sus colaboradores Henry Alviarez y Dignora Hernández, quienes cumplen este jueves un año detenidos, tras ser acusados de una supuesta vinculación con “acciones violentas” y de conspiración.
“Dignora y Henry sufren una detención arbitraria e injusta, aislados de familiares, compañeros y abogados de confianza, siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos”, denunció en un video en la red social X Orlando Moreno, coordinador nacional del comité.
A su juicio, los colaboradores de VV fueron “criminalizados” y señalados de varios delitos por el fiscal general, Tarek William Saab, por “el simple hecho”, agregó, de “ejercer sus derechos políticos”.
“Seguiremos honrando su labor y defendiendo la verdad hasta lograr la libertad del país y hacer justicia”, manifestó Moreno.
El 20 de marzo de 2024, Saab informó que Alviarez y Hernández fueron detenidos “en razón de lo que ha confesado” Emil Brandt, un jefe regional del comando de campaña de la mayor coalición opositora, quien fue capturado a principios de ese mes por estar -según dijo el fiscal- “incriminado” en planes “violentos” y “terroristas” contra la Administración de Nicolás Maduro.
Además, Saab anunció la orden de detención para los opositores Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González -todos colaboradores de VV-, quienes se refugiaron ese día en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.
Un día después entró al lugar el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la mayor coalición opositora del país, quien abandonó la sede diplomática en diciembre de 2024. En febrero pasado, el opositor falleció.
VV afirmó, en noviembre pasado, que Alviarez y Hernández “se encuentran en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas” por “oponerse al régimen de (Nicolás) Maduro”, por lo que exigió su “libertad inmediata”.
El Comité computa 183 dirigentes políticos y activistas presos, muchos de ellos colaboradores o cercanos al líder opositor Edmundo González Urrutia, de los cuales la gran mayoría fueron detenidos en el contexto de crisis poselectoral.
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