Estos
Históricamente América Latina en los últimos 50 años ha sido un laboratorio de ensayo de sistemas políticos de izquierda o derecha, y con ello la aplicación de modelos económicos con mayor o menor grado de intervención del estado en la economía, justificados en tesis marxistas, Keynesianas y liberales, pero que finalmente se debaten entre esquemas económicos de planificación central, capitalismo de estado y libre mercado.
Todo con la finalidad de lograr el tan ansiado estado de bienestar; sobretodo en aquellas formas de gobierno en la cual estado, se hace cargo de los servicios y derechos de la población, en la búsqueda de un reparto más equitativo de los beneficios y la riqueza que produce la economía entre todos los estrados sociales, sobre todo los más desposeído económicamente hablando.
Ahora bien todo este máximo ideario termina resultando una utopía, cuando no se resuelven los problemas estructurales de las economías producto de los enormes desequilibrios que estas padecen, y que lo largo de la historia de la humanidad ha quedado demostrado, que mientras más el estado a través del Gobierno interviene en la economía, más tienden acentuarse estos nocivos desequilibrios, haciendo cada vez mas inefectivo es estado de bienestar.
Estos desequilibrios se pueden evidenciar en los problemas de heterogeneidad estructural (estructura productiva y ocupacional) que presentan las economías, en especial las latinoamericanas y más específicamente la venezolana, donde el sector primario, productor de materias primas sin mayor valor agregado represente el 12 % del PIB (Producto Interno Bruto), mientras el sector secundario creador de valor a través de las actividades de manufactura y construcción, y verdaderos generadores de puestos de trabajo sostenibles y sustentables, solo signifique el 22 % del PIB, sectores que representan una alta propensión marginal a la inversión; y por ende mayor estimulo al crecimiento económico.
No así el sector terciario es decir el de servicio que representa 66 % del PIB, quien viene siendo el último eslabón de la cadena de valor, que aunque crea plazas de trabajo, los mismos tienden a no ser sostenibles a mediano y largo plazo, ya que dicha actividad depende de una mayor propensión marginal al consumo que a la inversión en la sociedad, lo cual estimula mas la inflación que el crecimiento económico.
En ese sentido, esta penumbrosa realidad antes relatada se ha traducido, que hoy en la economía Venezolana exista un nivel de informalidad que oscile entre el 42 % y 45 % y que el 75 % de la demanda agregada interna sea consumo y apenas el 25 % inversión, ello se proyecta en la composición de la cartera de créditos del sistemas financiero nacional, la cual el 74 % de los créditos están dirigidos al consumo, mientras 26 % restante, a la inversión.
Así mismo, la política fiscal del gobierno como instrumento rector del resto de la política económica representa el origen de la distorsión, la cual en los últimos cinco años, el 80 % del gasto ha sido corriente y el 20 % restante inversión, lo que sin duda estimula más el consumo y la inflación, en lugar del crecimiento económico, ello sin temor a equivocarse hace imposible que en nuestro país pueda medianamente funcionar el estado de bienestar, por la sencilla razón de que la se invierte para producir riqueza y distribuirla sino que se consume más de lo que se produce y por ello vivimos endeudados.
Finalmente si a ello le sumamos que de 30 millones 731 mil 774 habitantes que tiene Venezuela solo 13 millones 089 mil 081 está empleado formalmente es decir 42,59 %, hace que la cantidad de demandantes del sistema de seguridad social del estado bienestar sea muy superior a la cantidad de contribuyentes, por lo que ello representa una enorme cargar fiscal para el estado y el más pernicioso de los desequilibrios.