Riesgo
Atribuirse competencias de la Asamblea Nacional le saca las cuentas al Tribunal Supremo de Justicia y empeora la visión internacional de Venezuela, luego de que la Sala Constitucional emitiera la sentencia en la que asume funciones legislativas saltándose principios constitucionales, que tras 72 horas suprime; pero, el estatus en el mercado financiero cae aceleradamente.
Las decisiones del TSJ “incrementaron la desconfianza sobre el país y los bonos de la deuda han caído de forma importante la última semana: casi cinco por ciento los de la República y más de tres por ciento los de PDVSA”, destaca a La Verdad, Sary Levy, economista miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Desde inicio de año se marcaba un retroceso al bajar 0,62 por ciento menos, publicó Kapital Consultores. El trimestre cerró complicado. “El riesgo país Venezuela, medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes JP Morgan, se ubicó en dos mil 389 puntos al 31 de marzo de 2017, mostrando un incremento de 167 punto, un 7,5 por ciento, con respeto al día anterior (dos mil 222 puntos)”, precisa Levy.
JP Morgan informa que el aumento en marzo es de 16,53 por ciento, 339 puntos, con respeto al 28 de febrero que se situó dos mil 50 puntos.
Ante la proximidad del pago de compromisos por deuda el 12 de abril, bono PDVSA, interés y rendimiento por servicio, y el estancamiento del precio del barril entre 40-45 dólares para el trimestre, por debajo de la estimación oficial de 60 dólares, el Gobierno barajea medidas para cumplir con el compromiso. Pero, “lo anterior indica que la emisión de nueva deuda es prácticamente imposible o sería demasiado oneroso, ubicando una nueva emisión internacional por 24 por ciento”, advierte Levy.
El escenario financiero venezolano es “sombrío para las cuentas fiscales” con el agregado de la producción nacional privada “desmantelada”. Sin capacidad de responder a las importaciones de materias primas y el modelo “político-ideológico imperante no favorece esta alternativa”.
La economista asegura que a lo interno la emisión de dinero “sin respaldo deja de ser una solución temporal para el Gobierno y pasa a convertirse en el peor de los problemas. La inflación desbocada afecta a la ciudadanía y cuentas públicas”. Recomienda “iniciar la transición a un modelo de economía de mercado, con rescate de la institucionalidad, un estado de derecho con reglas claras y adecuadas, en un marco de respeto a los derechos ciudadanos”.