Esta actuación de Maduro es condenable y deplorable desde todo punto de vista, porque se trata nada más y nada menos que del Presidente de la República
Lo sucedido en el reciente fin de semana con las elecciones primarias del Psuv, deja en el aire numerosas lecturas dignas del más profundo análisis por parte de psiquiatras, psicólogos y hasta muy versados doctores en letras negras y ciencias ocultas.
Lo del uso abusivo de los recursos de todos los venezolanos como son los que administra el régimen (hablamos de dinero y de equipos automotores y otros); es cosa bien sabida por todos los venezolanos, que veían cómo se desplazaban las unidades automotoras de instituciones y empresas del Estado venezolano haciendo la ya conocida operación galope.
Venezuela y el mundo pudieron escuchar abismados cómo el Presidente de la República dejó en evidencia al CNE, al afirmar el mismo día de las elecciones, que él sabría quién votó y quién no, planteamiento este que llevaba la velada amenaza de que quienes estuvieran enchufados, o estuvieran recibiendo todavía lo que queda del raspado de olla, ya sabían a qué atenerse. Sólo le faltó decir hasta por quién votaron.
Esta actuación de Maduro es condenable y deplorable desde todo punto de vista, porque se trata nada más y nada menos que del Presidente de la República, devenido en una especie de censor o controlador de los movimientos de los miembros de su partido que aún quedan apoyándolo.
Pero allí no quedaba todo. De pronto sale la inefable rectora presidenta del CNE, doña Tibisay Lucena, echándole la burra pa’l monte a la oposición, después de haber culminado exitosamente sus procesos de primarias y estar anunciando lo que la MUD llama la alianza perfecta con la casi totalidad de los candidatos seleccionados a nivel nacional, unos por primarias, y otros por la vía del consenso, ordena de manera sobrevenida que tienen que presentar listas paritarias en materia de sexo, o sea, 50-50.
Esta intromisión se veía claramente que tenía su razón de ser, en órdenes emanadas desde las alturas del poder del Psuv y del Gobierno mismo, para causarle problemas a la oposición democrática, ante el terror que invade las esferas del madurismo por la irremediable derrota, que les propinará de manera ruidosa el pueblo venezolano en las parlamentarias del seis de diciembre.
En realidad no hay que ser experto constitucionalista para saber que se trata de una medida ilegal, que no tiene basamento jurídico porque mañana, en unas elecciones presidenciales la rectora puede tomar la determinación de decir que no podrán participar en las mismas, personas que no posean títulos universitarios y mucho menos choferes.