El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) indicó este jueves 5 de diciembre en una publicación en su cuenta en Instagram que la Ley contra oenegés podría ser el principio de lo que ya pasó en Nicaragua, país centroamericano donde el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo clausuró cientos de organizaciones de la sociedad civil.
La publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines mantiene en alerta a las organizaciones no gubernamentales venezolanas que denuncian constantemente la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra activistas de derechos humanos.
“Esto podría ser el inicio de lo que ya ha pasado en Nicaragua, donde el régimen Ortega-Murillo ha cerrado a más de 3.000 organizaciones críticas y no críticas. Defender el trabajo de asociarnos como sociedad civil es clave para preservar la democracia y luchar por los derechos de todas las personas en el país”, escribió en su publicación.
Recordaron a su vez que ya estas organizaciones cumplen con el marco jurídico venezolano que “garantizan transparencia con las autoridades/cooperantes y responsabilidad/confidencialidad con las víctimas”.
Además, ese instrumento legal que propuso el gobierno de Nicolás Maduro y consta de 39 artículos limitará el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
“Esta nueva ley busca limitar nuestra independencia y criminalizar aún más nuestra labor, cerrando lo que conocemos como espacio cívico”. Provea mencionó que entre las asociaciones perjudicadas se encuentran “aquellas dedicadas a los derechos humanos, la asistencia social, la educación, la cultura y más”.
Aseguró que entre las críticas nacionales e internacionales sobre la Ley antioenegé está las restricciones a los derechos de libre asociación y expresión, el control excesivo que impone a las organizaciones, sanciones millonarias y desproporcionadas, así como la disolución de oenegés de forma arbitraria, en especial aquellas críticas con Miraflores.
Además, tendrán un plazo de 72 días para registrarse ante el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a cargo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien de forma constante señala a las organizaciones no gubernamentales de recibir dinero de EE. UU. y otros países para “desestabilizar” a la gestión madurista.
La iniciativa legal
Fue precisamente Cabello quien en 2023 presentó la iniciativa legal ante la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2020 cuando era diputado y estaba al frente de la Comisión de Política Interior. En ese momento, el 24 de enero, habló de una lista de 62 organizaciones no gubernamentales a las que acusó de tener vínculos políticos con la oposición venezolana.
“Tengo una lista de 62 oenegés que operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social, sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia”, expresó desde la tribuna de oradores del Palacio Federal Legislativo.
De las que nombró estaban Provea y añadió en su lista a Súmate, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
“Las oenegés no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. ¿Quién se ha aprovechado de esa plata? Si revisamos los nombres, viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo”, denunció en ese entonces.
Fuente: Efecto Cocuyo
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enero 18, 2025 - 11:45 am
