Los obispos han pedido a Maduro que detenga este proceso, puesto en marcha por el Gobierno sin haberlo sometido a un referéndum previo y que es visto por la oposición como un fraude para que el chavismo se perpetúe en el poder
La consulta popular convocada por la oposición venezolana para este domingo con la idea de que los ciudadanos se pronuncien sobre el proceso constituyente promovido por el Gobierno tiene “plena legitimidad”, afirmó ayer la Conferencia Episcopal del país caribeño en un comunicado.
“El próximo 16 de julio, promovida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), tendrá lugar una consulta popular que goza de toda legitimidad”, dice el texto de la jerarquía católica venezolana.
Los obispos lamentaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya convocado para ese mismo día un simulacro de la votación en la que debe elegirse, el próximo 30 de julio, los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente que redacte la nueva Carta Magna impulsada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La Conferencia Episcopal calificó esta medida como una “provocación por parte del Gobierno y del CNE”, y advirtió del riesgo de que provoque “lamentables conflictos” en las calles del país.
La jerarquía católica venezolana se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la Constituyente, que a su juicio servirá para “constitucionalizar una dictadura militar socialista, marxista y comunista”.
Los obispos han pedido a Maduro que detenga este proceso, puesto en marcha por el Gobierno sin haberlo sometido a un referéndum previo y que es visto por la oposición como un fraude para que el chavismo se perpetúe en el poder.
Avalada por el Parlamento, donde la oposición tiene mayoría absoluta, la consulta del 16 de julio pregunta a los ciudadanos si rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, y es el mayor acto de desobediencia civil previsto hasta ahora por el antichavismo contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
La consulta, que no está reconocida por el CNE ni por el Gobierno, pregunta también a los ciudadanos si las fuerzas armadas deben proteger la Constitución vigente y si desean la convocatoria de elecciones para “renovar los poderes públicos”.
diciembre 7, 2024
