Por el río Táchira intentan recuperar las pertenencias que quedaron en suelo venezolano y resistieron la demolición de las casas. Comerciantes acatan advertencia del Gobernador Vielma Mora
Vejaciones y maltrato psicológico por parte de los uniformados de la FANB, denuncian las personas deportadas. Fanny Godoy, de 72 años, salió de territorio nacional entre los primeros grupos de deportados del fin de semana. La dama que vivió en Venezuela por 40 años perdió en un día todo lo forjado en cuatro décadas de trabajo.
“No tuvieron compasión alguna, ni siquiera porque soy una anciana, lo mismo les dio”, contó la mujer al diario colombiano La Opinión. Ella está ahora en un refugio dispuesto por las autoridades de su país natal, sola, pues sus hijas, nacidas en Venezuela, se quedaron para resguardar algunas de sus pertenencias. “No tengo nada aquí en Colombia, todo quedó allá en Venezuela, mis hijas, mis cositas”.
Aún se desconoce el número de viviendas registradas en las invasiones Pequeña Barinas, Ezequiel Zamora y El Palotal, lo que sí quedó evidenciado en imágenes fotográficas es la distinción puesta en las paredes de cada casa, para discriminar cuales permanecerán en pie. La “R” agrupa a los hogares revisados, donde habitan venezolanos, y la “D” trae consigo la peor de las noticias para las familias: significa que la propiedad será demolida una vez que sus residentes crucen la frontera con el sello de deportados.
Los expulsados y repatriados reclamaron que no se les permitiera sacar del país, enseres y mobiliario que se encontraba en las casas, sin embargo, ayer fue autorizado el ingreso de un miembro de cada familia deportada en compañía de funcionarios policiales neogranadinos, para el traslado de los bienes.
La Policía Metropolitana de Cúcuta comenzó el apoyo logístico con 12 camiones para cumplir con el transporte de los enseres, pero muchas familias emprendieron por adelantado camino a través de las aguas del río Táchira para recuperar sus pertenencias. El éxodo de indocumentados que decidieron de forma voluntaria dejar tierras venezolanas, también se incrementó, según Migración Colombia.
Abrir es la orden
La dinámica en la frontera sigue menguada a pesar de la orden gubernamental de mantener los comercios abiertos. Tanto los habitantes de San Antonio y Ureña (Venezuela), como los de Cúcuta y La Villa del Rosario (Colombia), no se acostumbran a la barrera de alambre de púas que, instalada en la mitad del puente internacional Simón Bolívar, impide que la normalidad reine.
“Fue el Gobernador quien ordenó que los negocios tenían que ser abiertos porque si no la Guardia Nacional los abriría por la fuerza, yo no tengo casi nada para vender en el mío, ni comida regulada me ha llegado, pero aquí estoy con la santamaría arriba para evitar un mal mayor”, relató a La Verdad un comerciante de San Antonio del Táchira, que por seguridad pidió permanecer en el anonimato.
La misma impresión la tuvo Amanda Barrientos, maestra jubilada, que hizo un recorrido por el centro de la ciudad para comprar alimentos. “Vi que la cosa estaba más calmada y decidí salir a comprar, me alegré cuando no vi colas en los supermercados pero cuando entré, me di cuenta que no hay colas porque no hay nada que comprar, los anaqueles están vacíos”, afirmó a este rotativo.
“El problema es que ellos (Gobierno nacional) no entienden que para nosotros no hay límites territoriales, siempre ha sido así, pasar el puente a pie o en carro es algo que muchos hacíamos a diario, para trabajar, estudiar, ir de compras o visitar a familiares y amigos”, agregó en entrevista telefónica Elizabeth de Urbina.
A cuentagotas pasan los ciudadanos que portan documentación legal, sean venezolanos que se encontraban en Colombia, o colombianos y ciudadanos de otras nacionalidades que quedaron en Venezuela durante el cierre de la frontera. Según reportan medios de comunicación de la zona, solo se permite en tránsito por el puente a 40 personas para entrar y 40 para salir del territorio nacional, por hora.
Inmunes a la OLP
En el eje fronterizo es secreto a voces las zonas en las que se encuentran asentados los grupos de insurgentes paramilitares y la guerrilla colombiana. La población rural del municipio Bolívar conocida como Llano Jorge, es una de ellas. Allí las familias venezolanas han ido desplazándose poco a poco. Los “paracos” son la ley. Una madre de familia que pidió confidencialidad, relató cómo desde el sábado comenzó la disgregación de los irregulares. “De repente comenzaron a tocar las puertas para regalarnos comida, mucha comida que tenían en las caletas, la repartieron por si la Guardia subía hasta allá, pero hasta ahora no se le ha visto la cara ni a un militar en Llano Jorge”.
Acuerdo estudiantil
Simón Vargas, alcalde de Bolívar, pidió el domingo durante un encuentro con el gobernador José Gregorio Vielma Mora, un permiso especial de movilización para los venezolanos que estudian en el departamento del Norte de Santander.
“Pude volver a clase el lunes. Las condiciones que ponen es estar a las 7.00 de la mañana en el comando de la Guardia Nacional para que nos trasladen en un bus hasta la mitad del puente, de ahí en adelante pasamos a pie. Para regresar es igual, el bus nos espera a las 7.00 de la noche y nos regresa a San Antonio”, detalló Anyela Navas, joven venezolana estudiante de Psicología en la Universidad Simón Bolívar, de Cúcuta.
diciembre 8, 2024
