El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, que lidera la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmó este jueves 28 de mayo que este caso “sigue avanzando satisfactoriamente”.
Durante una actividad con periodistas venezolanos, indicó que el proceso “no se ha detenido y continúa (con) ritmo pleno y con total dedicación”.
El representante de la CPI explicó que las averiguaciones que se iniciaron en 2021 siguen activas, pese a la suspensión temporal por la impugnación presentada por el Estado venezolano sobre la competencia de la corte, y recordó que la investigación se reanudó en 2023.
Aunque la sociedad civil mantenga expectativas sobre el avance de las investigaciones relacionadas con supuestos crímenes de lesa humanidad, Niang defendió la necesidad de que los procedimientos se desarrollen con cautela y bajo estrictos estándares internacionales y recordó que la CPI “debe guardar silencio sobre asuntos confidenciales relacionados con su investigación penal”.
En este sentido, el fiscal reconoció que numerosas víctimas y organizaciones acudieron a la Corte Penal Internacional en busca de justicia por los presuntos abusos cometidos en el país.
“Muchas personas y organizaciones se han dirigido a la CPI con la esperanza de obtener justicia por el daño que han sufrido. Y muchas siguen esperando. Esperando respuestas, reconocimiento y esperan justicia” expresó.
Mame Mandiaye Niang enfatizó que, aunque los procesos pueden parecer lentos “y en la mayoría de los casos no son visibles para el público, la lentitud no es un signo de fracaso”. Enfatizó que “es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada”.
El fiscal detalló que la cautela que se aplica en la recopilación de prueba, en escuchar a todas las partes y en seguir el debido proceso, “no es burocracia inneseraia, es la base que hace que el resultado sea legítimo”.
La investigación Venezuela I de la Corte Penal Internacional investiga denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política en el país cometidas por agentes del Estado, cuerpos de seguridad y posibles cadenas de mando.
Fuente: Tal Cual
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