Un régimen que desconoce un poder público electo por la mayoría del pueblo, que interviene en la designación irregular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; controla el poder electoral, judicial y parte del poder ciudadano para violar la Constitución y mantenerse sin apoyo popular, es una dictadura y así debe ser tratada
Un régimen que desconoce un poder público electo por la mayoría del pueblo, que interviene en la designación irregular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; controla el poder electoral, judicial y parte del poder ciudadano para violar la Constitución y mantenerse sin apoyo popular, es una dictadura y así debe ser tratada.
Cuando los gobiernos se pervierten, de sus entrañas surgen voces disidentes, factor fundamental en la restitución del orden constitucional, como ha ocurrido con el intento de una Asamblea Nacional Constituyente. Magistrados que alzan su voz en contra de las pretensiones maduristas; diputados del GPP formando fracción en defensa de ideales chavistas “amenazados”; militares activos y retirados, así como voceros del PSUV resistiéndose al violento cambio constitucional.
Mención aparte merece la Fiscal General de la República por la naturaleza de su cargo. Cuando el Fiscal de cualquier país habla, se debe poner atención por ser el garante de la legalidad y titular de la acción penal. Sus actuaciones evidencian un definitivo deslinde de alguien que hasta ahora había sido solidario con la gestión gubernamental iniciada hace 18 años.
Inició reaccionando a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional con las que, según ella misma, se rompió el hilo constitucional. Hizo una carta argumentando que Venezuela no necesitaba una ANC que no solucionaba sino profundizaría los problemas del país. Asumió con claridad las causas de la muerte de Pernalete, enfrentándose a la posición oficial que encubría a la Guardia Nacional. Interpuso ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de aclaratoria de la sentencia que avalaba la ANC.
En sólo cuatro días hábiles, interpuso ante la Sala Electoral, un recurso de nulidad de las actuaciones del CNE; en la Sala Constitucional la nulidad del acto de designación de los magistrados express tan combatidos en la AN y solicitó el antejuicio de mérito de los magistrados de esa Sala.
Estas actuaciones reflejan que la Fiscal está clara en la necesidad de frenar esta locura que acabaría con la institucionalidad para justificar la permanencia en el poder de unos delincuentes a quienes no les importa la crisis que han generado, ni las muertes producto de su ineficiencia.
La mayoría popular, los centenares de miles que salimos a diario, debemos renovar la esperanza, seguir fuertemente en las calles y recibir con los brazos abiertos a quienes han generado esta oportuna implosión. ¡Sigamos adelante Venezuela!