Los gobernantes de turno desconocen la psicología del ser humano de la frontera. Pero este Gobierno por negligencia, dejó que ésta se infectara peligrosamente
Los gobiernos siempre deberían ser preventivos, cautos y nunca tener actuaciones extemporáneas y fuera de lugar. El pueblo venezolano, como cualquier pueblo del mundo, no quiere vivir bajo gobiernos cargados de políticas aparentes, aparatosas, tremendistas que evadan realidades mediante la difamación contra sus adversarios ni pongan en peligro sus vidas y sus libertades. La credibilidad, la autoridad y el respeto son en su conjunto, el espíritu fundamental de todo régimen. Es por ello, que los gobernantes, deberían preservarlos con absoluto celo.
Ciertamente, es importante que el Gobierno combata constantemente, con efectividad y sin respiro al delito y al crimen, dentro de los preceptos constitucionales. Lo que nos sucede a los venezolanos es tan parecido a los precedentes que despertaron el odio y la matanza de los Hutu contra los Tutsi en Ruanda. Esto intensifica la tensión, la segregación política y viola los DDHH.
Es desagradable decirlo, pero los gobernantes de turno desconocen la psicología del ser humano de la frontera. Pero este Gobierno por negligencia, dejó que la ésta se infectara peligrosamente. Ahora, como pretende remediar su “autoridad” y “popularidad”, parece crear un caldo de cultivo para suspender las elecciones parlamentarias del 6-D y evitar la inminente derrota que predice el rechazo de los venezolanos contra su mal gobierno, por eso lanza el Estado de excepción en los municipios fronterizos de Táchira. Pero lo peor es que esta realidad se repite a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana.
Universalmente se cree que la justicia no puede ser aparente ni un espectáculo para esconder la verdad entre bastidores. En un país dónde la ciudadanía sea respetada y se haga respetar, un gobernante así no merece seguir en el poder. La honorabilidad lo haría renunciar y llamaría a nuevas elecciones presidenciales. Es por ello que Venezuela necesita que los gobernantes cumplan con la Constitución y en esa dirección, urge la restitución de la Constitución de 1999, tal como lo determina su art. 333. Y todo, porque ha sido suprimida por el I y II Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, conocidos como Plan de la Patria, que en la realidad debilita a la economía, a los derechos humanos y a la soberanía. He aquí el paquete del fracaso. ¡Que el pueblo diga la última palabra!