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Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) podrá tomar las decisiones de disolver el Poder Legislativo y cesar o limitar las funciones del presidente Nicolás Maduro, cambiar la Constitución del Estado, mantener o eliminar las 24 entidades federales y fusionar o desaparecer los 335 municipios del país, pues será el máximo órgano de poder.
El presidente Nicolás Maduro anunció que luego de instalada la Asamblea Constituyente la primera ley que solicitará, será aquella que permita “establecer precios justos y combatir la especulación en los precios”, además la redacción de una ley constitucional que otorgue poder plenipotenciario a una Comisión de la verdad, justicia y paz, para “juzgar y establecer la verdad de todos los crímenes” registrados durante las manifestaciones iniciadas el 1 de abril.
Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores, destaca que el Gobierno es bastante enfático en lo que requerirá cuando esté instalada la ANC. Subrayó que lo primero es otra ley de precios justos para el congelamiento de precios, y la siguiente medida es el establecimiento de una comisión de la verdad para analizar los hechos suscitados en los últimos 121 días de manifestaciones de calle. “Con esto prácticamente ha dibujado una ruta muy clara de represión”.
En paralelo, considera que el verdadero espíritu de la ANC es eliminar o neutralizar la Asamblea Nacional (AN) con la intención de autorizar la creación o la modificación de empresas mixtas de petróleo, gas y minería.
Lo segundo sería buscar el endeudamiento tanto nacional como internacional, que recuerda está bloqueado por el Parlamento, y en un tercer orden, la capacidad controladora que tiene la AN con el veto, “de ponerle el ojo al presupuesto y a la ejecución de los ministros”.
Igualmente señala que la Fiscalía podría ser eliminada o la fiscal Luisa Ortega Díaz sería destituida de su cargo por alguna vía.
También otra de las decisiones inmediatas de los constituyentistas sería la creación de un sistema de elección de segundo grado o tercer grado, lo que significa que ya no existiría la democracia directa representativa, sino que a partir de agregados y corporaciones se asignarían funcionarios hasta poder llegar al presidente de la República no por elección directa, sino por asambleas comunales, con la intención de desmontar el Estado social del derecho para transformarlo en un Estado Comunal, sentenció Ramírez.
Funciones legislativas
Juan Berríos, abogado constitucionalista, recalca que en un escenario en el que sería disuelta la Asamblea Nacional (AN), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumiría las potestades y funciones legislativas de ese poder. “El propósito probablemente de esta ANC será gobernar en el órgano legislativo y plenipotenciario de la dictadura, por la forma de su elección, las condiciones electorales y sus bases comiciales, lo que significaría para Venezuela la imposición de una dictadura con un sustento aparentemente legal a través de una constituyente basándose en su poder originario”.