Carla Albanés, apoderada legal de la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), dijo que tras la investigación que la Fiscalía lleva a cabo contra la sociedad por supuesto lavado de dinero hay un “trasfondo político”.
“Esto (la investigación) tiene una trasfondo político. Acordémonos que los allanamientos (a la sociedad) se dieron el último día de la gestión del Gobierno del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, izquierda)”, dijo a periodistas la abogada Albanés.
Albanés, junto a otros tres colegas, llegó este miércoles a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en La Libertad (centro) para presentar un aviso en el que solicitan “ser parte de la investigación” como abogados de la sociedad.
Los letrados también presentaron sus credenciales y pidieron al Ministerio Público que se les informe de la investigación que se sigue contra la empresa ligada a la venezolana Pdvsa.
El pasado 31 de mayo, la Fiscalía allanó la sociedad ALBA Petróleos y las empresas ALBA Alimentos de El Salvador, ALBA Gas y en otras 24 relacionadas a dicha sociedad.
El objetivo de los registros fue incautar documentación, equipo informático y todos los elementos útiles para la investigación, según lo explicó en su momento el director Anticorrupción y Contra la Impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha brindado más información sobre el proceso.
ALBA Petróleos fue formada en 2006 por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y alcaldías del FMLN.
La empresa mixta maneja una terminal y una cadena de distribución de combustibles en El Salvador y ha ampliado sus negocios hacia otros sectores económicos.
Desde 2012, ALBA Petróleos también opera ALBA Alimentos, que otorga créditos a campesinos y pequeños productores agropecuarios, cuyos productos distribuye en el mercado local.
El responsable de liderar la millonaria inversión de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en ALBA Petróleos de El Salvador fue el político salvadoreño José Luis Merino, a quien Estados Unidos pidió investigar por supuestos nexos criminales.
En julio de 2016, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, reveló que Merino era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.
diciembre 9, 2024
