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El régimen madurista al sacar de debajo de la manga la carta de una ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, terminó por entrampar al segmento mayoritario de la sociedad civil democrática. ¿Cómo así? Obligando a los gobernadores de la oposición a someterse al absurdo engendro que no está en la Constitución nacional, montándoles un chantaje: O juran delante de la írrita ANC o no podrán ejercer sus cargos para los cuales el pueblo -no el chavismo los eligió. Con seguridad vendrán más chantajes en las elecciones municipales, las alcaldías, y las presidenciales.
Los gobernadores, en este caso puntual, deben juramentarse ante las asambleas legislativas de sus respectivos estados, tal como lo señala expresamente la Carta Magna y en modo alguno ante Delcy Rodríguez ni ningún otro ente inventado, de sobremanera, la repudiada ANC, la cual jurídicamente es inexistente por ser hija adulterina de la Constitución nacional, un hecho aberrante.
La convocatoria para celebrar de manera legítima una Asamblea Nacional Constituyente la hace el pueblo y no Nicolás Maduro ni mucho menos sus incondicionales apéndices Tibisay Lucena y las demás rectoras del CNE. En Derecho toda decisión que emane de un acto ilícito e ilegítimo es nulo de toda nulidad y nadie está obligado a someterse a ella. En este caso, los gobernadores electos por sus respectivos seguidores no están en modo alguno obligados a juramentarse o subordinarse ante los designios de un ente carente de toda juridicidad.
Con ese chantaje el oficialismo ha obligado a los cuatro gobernadores adecos a juramentarse ante la espuria ANC. Lo que el régimen busca con ello es propinarle a la sociedad civil democrática una tremenda humillación del tamaño de la cordillera andina, pisoteándole su dignidad. De paso, el régimen busca con ello alcanzar su legitimación (la espuria ANC) para así lograr obtener el financiamiento de los organismos internacionales. Como quiera que sea, solamente la legítima Asamblea Nacional electa en el 2015 por una aplastante mayoría, es la única instancia legal que puede autorizar el endeudamiento de la nación que tanto el régimen de Maduro necesita; es por eso que obran de esa manera. De eso se trata: Por un lado, humillar a los gobernadores de la oposición, y por el otro, lograr la legitimación de la Constituyente a porrazos, para que le aprueben financiamiento el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros.
A esos gobernadores recién electos muy poco les durará la aparente buena voluntad del Gobierno. Pero al régimen dictatorial madurísta hay que recordarle un viejo adagio popular muy significativo: Una cosa piensa el burro y otra el que lo monta.