La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, aseguró que la decisión del Estado venezolana fue para proteger a sus pobladores. Garantizó que no hay niños separados de sus padres
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como un ejercicio de soberanía las medidas del Estado venezolano en la frontera con Colombia y negó que en la zona limítrofe de los estados Táchira y Zulia exista una crisis humanitaria.
“Estamos muy lejos de vivir eso. Las medidas que el Estado ha aplicado en la frontera con Colombia han sido para proteger a los venezolanos, garantizar la seguridad de la nación”, explicó Ortega Díaz durante su programa radial.
Sostuvo que la declaratoria de estado de excepción en Táchira y Zulia es necesaria para luchar contra actividades delictivas propias del vecino país.
La Fiscal General informó que 42 fiscales se desplegaron en la frontera para verificar cualquier irregularidad y detalló que éstos tienen competencia en derechos fundamentales, protección integral de familia, delitos comunes; asuntos fronterizos e indígenas.
Al reiterar la vocación garantista del Estado venezolano, aseguró que cualquier denuncia de violaciones a los derechos humanos será investigada y negó rotundamente que se hayan presentado denuncias de separación de hijos de sus padres deportados, como han afirmado algunos voceros del Gobierno colombiano. La máxima representante del Ministerio Público destacó la felicitación que hizo a Venezuela la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) por su vocación humanitaria. “Ningún refugiado ha sido repatriado a Colombia”, aseguró.
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La Fiscal General también se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena el restablecimiento de la señal de Radio Caracas Televisión.
Afirmó que el fallo debe analizarse muy bien para explicarlo al país. “Allí no se brinda protección a las personas y se favorece a una empresa”, puntualizó sobre la orden de restitución de una concesión de TV ya vencida.
“El dictamen es contradictorio, puesto que la titularidad del espectro radioeléctrico pertenece al Estado venezolano; no debe ni puede ser reclamado por un particular”.
Para Ortega Díaz, la sentencia de la corte es írrita y no puede ser ejecutada.