Un grupo de expertos en Derechos Humanos de las ONU pidió este viernes 4 de agosto la inmediata puesta en libertad del dirigente opositor Leopoldo López, a quien recientemente le fue revocada la medida de arresto domiciliario
Un grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió hoy la inmediata puesta en libertad del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, recientemente transferido a un centro de detención tras la revocación de su arresto domiciliario.
En un comunicado, los relatores destacan que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que tanto la detención de López como la del también opositor y alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma son “arbitrarias”.
Ledezma fue liberado hoy del centro de detención donde estaba desde el lunes y vuelve a cumplir arresto domiciliario, mientras que López sigue aún retenido.
Los relatores también solicitaron al Gobierno de Venezuela que ceje en las detenciones sistemáticas de manifestantes pacíficos.
“Estamos seriamente preocupados por las acusaciones de detenciones arbitrarias y de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas”, enfatizaron.
Según las estimaciones de los expertos, desde abril de 2017, cuando comenzaron las protestas contra la elección de la Asamblea Constituyente, que tuvo lugar el pasado domingo, miles de personas han sido privadas de libertad.
En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados antes de presentarse ante los tribunales, agregaron.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, demandaron los expertos.
Criticaron también el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles.
Al menos cuatrocientos manifestantes han podido ser juzgados de esta manera y la gran mayoría privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela, denunciaron.
“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recordaron.
Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes del Estado y de los llamados ‘colectivos’ (grupos de seguridad chavistas), que han sido acusados de intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes.
Según los relatores, muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales.
“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.
Firman el comunicado José Antonio Guevara Bermúdez, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, David Kaye, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Annalisa Ciampi, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Además, suscriben el texto Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
diciembre 5, 2024
