Un grupo de familiares de políticos, activistas y otros detenidos en Venezuela, en su mayoría en el contexto de la crisis política en el país tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en los comicios de julio de 2024, exigió este viernes 28 de febrero al Ministerio Público (MP, Fiscalía) investigar los “tratos crueles e inhumanos” de los que, aseguran, son víctimas tanto ellos como sus allegados.
En la quinta y última jornada consecutiva de la llamada “Ruta por la Justicia y la Libertad”, durante la que visitaron distintas instituciones del Estado esta semana, los manifestantes exigieron frente a la sede del MP, en Caracas, la “investigación imparcial de abusos, torturas, muertes bajo custodia y persecución política”, así como la “revisión de casos de presos políticos”.
Andreína Baduel, hija del militar y exministro de Defensa, Raúl Baduel, que murió en prisión en 2021, tras 12 años detenido, aseguró que aún “no hay respuestas oportunas” por el fallecimiento de su padre, y denunció que su hermano Josnars Adolfo Baduel, arrestado en 2020, sufre un “aislamiento prolongado”, por lo que tiene más de un mes sin saber “absolutamente nada de él”.
“Reiteramos el patrón de persecución, de tortura y de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, dijo la activista, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), oenegé que coordinó esta ruta.
También exigieron a la Fiscalía la “libertad plena e inmediata de los presos políticos, civiles y militares”, permitir visitas en los centros de reclusión y sin restricciones, la entrega de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, garantizar una atención médica “oportuna y especializada” y cesar los “traslados arbitrarios”.
Además, pidieron revisar los casos de los detenidos, entre ellos, los de “todos los presos políticos que están abandonados en muchos comandos policiales” y “en condiciones infrahumanas”, señaló Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas, Jesús Armas, detenido el pasado 10 de diciembre.
Esta activista hizo un llamado a los fiscales, defensores públicos y jueces a garantizar los derechos de los detenidos y a que “no se sigan prestando para este horror, para esta injusticia”.
“En Venezuela se aísla de forma prolongada a los presos políticos. En el Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, en Caracas) hay 23 presos políticos en aislamiento prolongado”, afirmó Rivas, quien también dijo que exigieron la creación de una mesa de diálogo con la Fiscalía.
Tras las declaraciones, los manifestantes se acercaron al MP a soltar globos blancos con nombres de algunos de los 1.060 detenidos que la oenegé Foro Penal califica como presos políticos, entre los cuales hay cuatro adolescentes, según el último balance, difundido el pasado jueves.
También corearon consignas y portaban pancartas con mensajes que incluían llamados al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a interceder por estas personas.
Según varias oenegés, la mayoría de estos presos fueron detenidos en el contexto de crisis desatada tras las presidenciales del año pasado, a raíz de la proclamación de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral y la denuncia de “fraude” hecha por la oposición, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
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