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El escenario político y social en Venezuela es cada vez más preocupante, no solo por las protestas, represión y actuación de cuerpos paramilitares mal llamados colectivos, sino que la tendencia que se está imponiendo dentro del Gobierno y en algunos sectores radicales de ambos polos es la irracionalidad.
A principio de año, el discurso oficial sostenía que dependía del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar las elecciones que estaban atrasadas y que las elecciones presidenciales estaban fuera de discusión porque correspondían al año 2018. Ante esta posición estaba la de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que solicitaba unas elecciones generales, con la certeza de que Maduro estaba en capacidad de convocarlas, si así lo quisiera.
Ambos bandos (uno representa al 70 % de la población y el otro a un minoritario, pero nada despreciable 30 %) incorporaban dentro de sus discursos la consulta popular como medio final para dirimir las diferencias. Ese punto mantenía vivas las esperanzas de que se lograra un acuerdo en torno a un calendario electoral que todos clamaban, pero que el chavismo estaba interesado en retrasar al no contar con el favor de los electores.
Ese punto en común, se ha perdido. El madurismo, ante la presión del pueblo por elecciones a corto plazo, ha decidido una huida hacia adelante, convocando un parapeto comunal (que pretende disfrazar de Constituyente) que viola el principio básico de cualquier democracia, que la soberanía reside solo en el pueblo, razón por la cual solo en elecciones universales, directas y secretas se eligen los representantes, bien sean diputados, gobernadores o constituyentistas.
Ese cambio de paradigma por parte del oficialismo, que se empaña en implantar su "Constituyente" electa de manera sectorizada y por las personas que el Gobierno reconozca como representantes de cada sector, ha roto cualquier posibilidad de un acuerdo que garantice la paz y el consenso nacional.
La estrategia del todo o nada, que ha desplegado Maduro, rechaza un mínimo reconocimiento del otro, cierra las puertas a los acuerdos y nos empuja a un escenario de confrontación donde aniquilar al contrario sea la única opción para sobrevivir. En resumen se ha impuesto la irracionalidad y es deber de los ciudadanos en las calles y en nuestros espacios, rescatar el uso de la razón en la política y llevar este conflicto a dirimirse con la consulta al pueblo soberano.