La defensa del líder, apresado y condenado a casi 14 de años de cárcel, pidió ante un tribunal que al opositor se le permita ejercer su derecho al voto en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre alegando que el político no se encuentra inhabilitado políticamente porque su sentencia no ha sido ejecutada
El líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, exigió se le permita ejercer su derecho a votar en las elecciones parlamentarias del próximo domingo.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez presentó en un tribunal de Caracas una petición en ese sentido, con el argumento de que López "no se encuentra inhabilitado políticamente, pues su sentencia no ha sido ejecutada por no encontrarse definitivamente firme, al haberse ejercido el recurso de apelación correspondiente".
El documento consignado por Gutiérrez destaca que el líder de Voluntad Popular (VP) "hasta este momento no ha sido informado por las autoridades encargadas de su custodia respecto a las condiciones en las que podrá hacer uso de su derecho constitucional a ejercer su voto".
López es elector del circuito 2 del estado Miranda para el que está postulado al coordinador nacional de VP, Freddy Guevara, quien lo ha suplido en la conducción de la organización desde que el líder opositor se entregó a la Justicia el 18 de febrero de 2014.
"Será en las próximas horas que se conozca si el tribunal 28 de juicio atiende la solicitud (...) o si, por el contrario, la jueza (Susana) Barreiros decide irrespetar una vez más el basamento legal configurando una nueva violación a los derechos del líder político", declaró Gutiérrez.
Los venezolanos elegirán el domingo a los 167 diputados de la Asamblea Nacional (AN), un centenar de los cuales actualmente es afín al Gobierno de Maduro.
La defensa de López apeló el 16 de octubre la sentencia que le condenó en septiembre a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.
López, que está preso desde hace un año y 10 meses, fue condenado por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha a la que convocó el 12 de febrero de 2014, en una jornada que se saldó con tres muertos.