
Analista
A menos de 72 horas del anuncio oficial de los resultados electorales, que "abofetearon" a la cúpula del PSUV, la oposición y el oficialismo se han enzarzado en una batalla sobre la aprobación de una ley de Amnistía para liberar a los presos políticos, en especial, a los más emblemáticos: los dirigentes Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y Daniel Ceballos.
“A cada medida que tome el Parlamento le tendremos una reacción, constitucional, revolucionaria y, sobre todo, socialista”, advirtió el pasado martes el presidente Nicolás Maduro. La primera de ella, afirmó, es que vetará esa ley que la oposición, con la mayoría absoluta de dos tercios (112 diputados), espera aprobar apenas se juramente la nueva Asamblea el próximo 5 de enero.
La disputa por la divulgación del instrumento supone para el abogado José Vicente Haro, constitucionalista y defensor de los derechos humanos, el primer reto político de la bancada opositora que liderará el Poder Legislativo. A su juicio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se tiene que mantener firme en su lucha y crear las condiciones para que el Gobierno acepte la ley, que se debe crear a través del diálogo y la conformación de una comisión donde todas las partes puedan expresar su opinión. "Si ahí Nicolás Maduro no quiere promulgarla, habría un conflicto de poderes que iría al TSJ".
Promesa
Para Haro, la ley de Amnistía y de reconciliación nacional, una de las principales promesas de campaña de los candidatos de la Unidad, es "un compromiso moral y ético que tiene la oposición con los electores, porque mucha gente votó, entre otras cosas, pensando en los presos políticos". A su entender, los parlamentarios deben honrar ese compromiso con el pueblo porque de lo contrario ese pueblo lo va a cuestionar y va a comenzar un desgaste que no beneficia a la alternativa democrática en este momento que recibió un voto de confianza.
En el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), el constitucionalista recuerda que los presos políticos han sido sometidos en sus sitios de reclusión a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. "Definitivamente ellos están viviendo una situación muy precaria, están sufriendo muchos atropellos a sus derechos y por eso debe ser una prioridad para el parlamento sancionar esa ley”.
Delsa Solórzano, diputada electa, está a cargo del proyecto. Rechaza la advertencia de Maduro y asegura que la ley será aprobada en las primeras sesiones del año próximo sin importar lo que diga el gobernante.
“Lo que dice la Constitución es que luego de cumplido el proceso constitucional para la conformación de las leyes, la Asamblea las remite a la Presidencia que tiene diez días para aprobarla o vetarla. En cualquiera de los casos la Asamblea la puede promulgar. La ley va porque va”, sostuvo la diputada en entrevista con AFP.
Señala que la liberación de los presos por razones políticas hace parte del “compromiso de reconciliación del país” asumido por la MUD. “Qué pena que Nicolás no lo haya entendido así”. La parlamentaria evitó comentar si la esto representará el primer choque de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento, como presagian los analistas. “Nadie dijo que la libertad de Venezuela vaya a ser una tarea sencilla”, subraya, afirmando que la amnistía será para unas 80 personas, algunas hasta con 13 años en prisión.
Alcance
El analista José Vicente Haro considera que es indispensable que la ley no solo alcance a los presos políticos que están privados de libertad sino también a aquellos que estuvieron privados de libertad y que están siendo enjuiciados bajo régimen de presentación (más de mil personas). A seis años del encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni, beneficiada con una medida de arresto domiciliado, precisa que la ley tiene que ser mucho más amplia de lo que se concibe a primera vista.
“Hay muchos casos en los que hay sentencia condenatoria y los ciudadanos están bajo régimen de presentación y esas personas fueron condenadas en una circunstancias donde se le violaron sus derechos humanos y a ellos también hay que declararle la amnistía, porque quedaron con unos antecedentes penales que no merecían tener en su récord ciudadano”, explica el abogado, que considera que el instrumento debe beneficiar a los presos políticos privados de libertad, que hayan sido enjuiciados o condenados; a aquellas personas que estuvieron privadas de libertad y están bajo régimen de presentación y, finalmente, a los perseguidos políticos exiliados, con causas judiciales abiertas en Venezuela.
El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos.
LA CITA
"Nosotros vamos a dictar la ley, la cual Maduro no va a sancionar, ya lo ha dicho, la devolverá con sus motivaciones, las rechazaremos y se las devolvemos, el la devuelve nuevamente y entonces la firma la AN y la promulgan. Vamos a ver si es verdad que el presidente decide, porque le da la gana, no acatar una ley que con base a la Constitución ha promulgado la recién electa Asamblea". Henry Ramos Allup, Diputado