Ley del Catatumbo: Pronta realidad

En materia de tributos asignados encontramos los impuestos a las adquisiciones al detalle, sobre actos jurídicos documentados sobre ganancias fortuitas

Durante la campaña electoral hacia la Asamblea Nacional, propusimos varias leyes tendientes a afrontar la grave crisis que vivimos. Hablamos de leyes para impulsar la producción nacional, lograr el abastecimiento de alimentos y medicinas, eliminar las colas, combatir el hampa y optimizar los servicios públicos a través de la profundización de la descentralización. Hemos avanzado con la ley de impulso a la producción nacional, la ley para limitar el uso de celulares en las cárceles de Venezuela y ayer logramos la sanción en primera discusión de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que en el Zulia hemos denominado “Ley del Catatumbo”. 

A pesar de las graves dificultades que ha generado este Gobierno, con su partido PSUV y en connivencia con otros poderes públicos, quienes tenemos la responsabilidad de la mayoría en la Asamblea Nacional, tenemos la obligación de seguir trabajando en la discusión de leyes que más temprano que tarde van a entrar en vigencia y van a permitir cambios estructurales a través de los cuales lograremos bienestar y calidad de vida para el pueblo venezolano.

En el caso de la Ley del Catatumbo, estamos dando un primer e importante paso hacia un logro que la Venezuela profunda aspira: que Gobernaciones, Alcaldías y comunidades organizadas, tengan competencias y recursos para lograr que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen. Venezuela no puede seguir así. Aunque es imprescindible sacar a Maduro de la primera magistratura nacional y para eso seguimos impulsando la realización del referendo revocatorio para este año 2016; es impostergable el cambio del sistema político venezolano. El nuevo Gobierno debe garantizar la participación de todas las fuerzas motrices en la recuperación del aparato productivo venezolano, pero también debe impulsar el proceso de descentralización. Que la Presidencia de la República maneje el 92 % del presupuesto nacional y el 8 % restante sea administrado por 335 alcaldías, 23 gobernaciones y un Gobierno capital, es algo totalmente inaceptable y que nada tiene que ver con el concepto de Estado federal descentralizado. 

Por eso aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, abre las puertas al cambio de esa correlación en la administración de los recursos públicos. Ya tenemos 16 años de atraso con esa ley cuya sanción fue ordenada por la Constituyente de 1999 para que se diera en el año 2000. Así que hay que recuperar el tiempo perdido. La ley está compuesta por siete títulos. El primero nos da un marco conceptual de lo que es la Hacienda Pública Estadal, enumera los ingresos de los estados, los cuales no se reducirían al situado constitucional y a las transferencias del poder nacional, sino que se incrementarían a 14 rubros dentro de los que destacan los impuestos propios, las tasas y las participaciones en tributos creados por el Poder Nacional. El segundo desarrolla los sistemas estatales de planificación, presupuesto, administración de bienes, crédito publico, tesorería, contabilidad y tributario. Tercero y cuarto título se refieren al sistema de control interno Estadal y a las relaciones fiscales intergubernamentales. El quinto desarrolla las transferencias intergubernamentales: el situado, las asignaciones económicas especiales, el Fondo de Compensación Interterritorial, así como otras transferencias. El título sexto enuncia y describe los ramos tributarios de los estados: tasas, timbre fiscal, minerales no metálicos, salinas, ostrales de perlas, regalías, contribuciones especiales por mejoras. 

En materia de tributos asignados encontramos los impuestos a las adquisiciones al detalle, sobre actos jurídicos documentados sobre ganancias fortuitas, a la tenencia de mobiliario destinado a juegos de envite y azar, específicos al consumo no reservados al Poder Nacional, a la venta de combustible y derivados de hidrocarburos, así como recargos sobre tributos del poder nacional en materia de contribución al turismo. No hay duda de que la entrada en vigencia de esta ley, que sabemos será boicoteada por el Ejecutivo nacional, que la defenderemos con todo, fortalecerá a los estados, esencia del federalismo.