Medios locales publicaron hoy el plan que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano -ambos mediadores en estos asuntos- entregaron la semana pasada al presidente, Nicolás Maduro, y a la MUD
Los acompañantes internacionales de la mesa de diálogo en Venezuela llamaron al Gobierno y a la oposición a sugerir fechas para la realización este año de las elecciones de gobernadores y alcaldes, como una de las propuestas para reactivar las conversaciones que entraron en “revisión” en diciembre.
El portal venezolano La Patilla publicó hoy el plan que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano -ambos mediadores en estos asuntos- entregaron la semana pasada al presidente, Nicolás Maduro, y a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para reanudar estas negociaciones.
Con este plan los mediadores instan a las partes a proponer “previo acuerdo de la plenaria conjunta, las posibles fechas para las elecciones de gobernadores y alcaldes que se efectuarán en 2017 y que, de ser así acordado, podrían celebrarse conjuntamente o abordar el cronograma electoral para 2018“.
Se establece que la plenaria se reunirá cada 15 días y seguirá integrada por cuatro representantes del chavismo y de la oposición, la secretaría general de Unasur, los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las premisas se remarca que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y se llama a reconocer que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo “han sido electos de forma constitucional, democrática y legítima para cumplir con los mandatos y períodos determinados por Ley”.
En la propuesta también está contemplado un plan para terminar con el estatus de desacato que el Supremo impuso al Parlamento, de mayoría opositora, y un mecanismo de verificación y seguimiento de lo pactado y otro de garantías en este sentido.
Sobre las decenas de opositores encarcelados que la MUD reclama como “presos políticos”, los acompañantes hablan de sugerir, previo acuerdo y por intermedio de un fiscal ad hoc, medidas que beneficien a quienes padecen enfermedades, tienen órdenes de excarcelación, demoras procesales o medidas cautelares.