Bajo la vigencia del decreto, con la sola autorización del BCV y MinFinanzas, podría verse limitado la cantidad de circulante que exista en el país
El gobierno de Maduro pretende que la Asamblea Nacional apruebe el decreto de emergencia financiera solicitado en alocución al país. Y la AN debe responder con un no rotundo a esta temeraria aspiración. Acá las razones que por temas de espacio, las enumero brevemente.
El decreto parte de un falso supuesto de guerra económica por parte de la oposición. Este es un concepto político generado solo para justificar el despilfarro, la ineficiencia y el descontrol absoluto del Gobierno en material de finanzas públicas. Hasta el momento, el Gobierno no ha generado estadísticas y cifras confiables desde el punto de vista macroeconómico, para soportar la petición del decreto.
Bajo la vigencia del decreto, con la sola autorización del BCV y MinFinanzas, podría verse limitado la cantidad de circulante que exista en el país, al restringirse operaciones para ingreso y egreso de dinero del sistema bancario, afectando operatividad económica en general. En la práctica, esto sería lo que se conoce coloquialmente como un corralito doméstico, porque ya el uso y operaciones en divisas está severamente restringido en estos tiempo de revolución.
El gobierno de Maduro y el oficialismo en general, han tenido más de 16 años para tomar las medidas económicas necesarias para evitar los grandes males económicos que aquejan a la población. Incluso, ha podido hacerlo muy recientemente con la Ley Habilitante que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Al hacerlo en este momento, lo que pretende es una jugada política para someter a la fuerza mayoritaria de la AN, al dilema de negar el decreto y acusarla de obstruccionista y responsable de la crisis o llevarla a aprobar el decreto y en consecuencia, hacerla corresponsable de los males de la economía revolucionaria, que obviamente no se van a solucionar a estas alturas.
Obviamente la oposición está en la obligación de coadyuvar a la solución de los graves problemas económicos del país. Pero sin renunciar a sus funciones y atribuciones de autoridad legislativa. Tampoco de su condición contralora y supervisora del Ejecutivo. Mucho menos, renunciando a su aplastante mayoría política.
Nuevamente, se impone el diálogo constructivo en función de los intereses del país. No en función de veladas artimañas políticas y estrategias para el desconocimiento de las funciones de la hoy victoriosa oposición. No nos quieran cortar con ese cuchillito de papel.
diciembre 7, 2024
