En junio del 2016, durante la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, 20 naciones votaron a favor del informe de Almagro sobre la realidad en Venezuela. Desde ese entonces, comenzó el proceso de evaluación para constatar su contenido
El alto costo de la vida, así como la escasez de alimentos y medicinas, el retraso de las elecciones regionales, el reclamo opositor por la libertad de los presos políticos y por el respeto a la Asamblea Nacional (AN), destacan como puntos clave en el informe de Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para activar la Carta Democrática Interamericana (CDI) en Venezuela, pero ¿qué pasó con la ejecución de esta medida? ¿Dónde están sus repercusiones? ¿Puede la comunidad internacional hacer algo para aliviar la crisis?
En junio del 2016, durante la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, 20 naciones votaron a favor del informe de Almagro sobre la realidad en Venezuela. Desde ese entonces, comenzó el proceso de evaluación para constatar su contenido. En el escrito exhorta al Gobierno a tomar los correctivos necesarios en pro de la ciudadanía, pero en lugar de acatar, a juicio de muchos, las acciones del Poder Ejecutivo han recrudecido los agravantes de la crisis. El pasado 10 de febrero, el mismo secretario, anunció que ante la nueva realidad, urge actualizar el informe.
Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó a La Verdad que la Carta se activó con la exposición del informe. El próximo paso sería que designen un funcionario para que constate en el país lo que dice este escrito, algo que según él, podría rechazar el Gobierno. Se refirió a la necesidad de actualizar el documento, el cual ahora, en una próxima reunión, podría ser respaldado por más países. “América Latina cambió con nuevos presidentes como los de Argentina, Perú, Brasil y Paraguay que están claros en su preocupación por Venezuela. El secretario ya no está solo”.
La Carta solo trae como consecuencia una sanción moral y diplomática al gobierno del presidente Nicolás Maduro por incumplir con los principios democráticos, establecidos en los acuerdos internacionales.
Halim Naim, internacionalista, expuso que si a esto se suma una sanción del Mercosur con su cláusula democrática, eso sí sería “un golpe duro” de presión al Ejecutivo, ya que implicaría un bloqueo comercial. Por lo demás, la OEA logró su cometido porque el caso venezolano sigue en discusión en el exterior.
Aprobar la solicitud
Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional (AN), instó a este Parlamento a solicitar ante la OEA la activación de la Carta Democrática y seguir así el lineamiento del acuerdo que aprobaron el pasado 23 de octubre.
Argumentó que ya concluyó la fase de evaluación colectiva en el ente internacional, por lo que hay que avanzar en función de la CDI, debido a que en Venezuela se rompió el hilo constitucional. “El régimen amenaza con ilegalizar a los partidos políticos y tiene secuestradas las elecciones (…) La crisis se agudiza”.
Precisó que de esta manera, se puede designar la figura del “buen oficiante” para canalizar esfuerzos con la comunidad internacional.