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Los despidos de 125 trabajadores de supermercados se enredan en competencias y petitorios al Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público. Una comunicación oficial, firmada por Billy Gasca Zabaleta, secretario de Gobierno en Zulia, señala que se instruye a “evitar la permanencia” del personal en dos empresas “debido a que se inició una investigación administrativa” por estar “presuntamente incursos en faltas y/o delitos contra la seguridad alimentaria”.
En febrero se emitieron las notificaciones a los gerentes y encargados de seguridad, medida que se atendió por los patrones. Acciones que la Federación Socialista de Trabajadores en Zulia acusa de violentar el “debido proceso” y normativa de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Édgar Ortiz, miembro de la federación, explicó que ante la Inspectoría del Trabajo se pidió el reenganche por incumplirse procedimientos en materia laboral. Señala a la Secretaría de Gobierno de fijar precedentes negativos para la protección laboral de los trabajadores. A la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención para que “se sirva instar al fiscal del Ministerio Público, a fin de que intente un recurso contra el ciudadano Billy Gasca”.
El dirigente resaltó que hay decisiones en la Inspectoría que quebrantan su responsabilidad. Y es que desde marzo un grupo de 21 personas exigen una decisión de reenganche ante la ejercida por el representante de la Secretaría de la Gobernación del Zulia, a través de las empresas.
Exigió mostrar las pruebas que involucran a los trabajadores para determinar quiénes tienen la calificación de despido. Considero acompañar a quienes no tienen responsabilidad y no están “incursos” en causales.