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Ya desde finales del pasado año algunas pocas organizaciones a nivel internacional inician sus publicaciones, donde presentan sus estimaciones cuantitativas de diversos delitos para el cierre del 2016. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer sus apreciaciones de lo que, con cierto margen de error, podrían ser las cifras de muertes violentas en Venezuela con las que cerraría el año 2016 y las cuales estimaba en aproximadamente 28.500. A este renglón delictivo tenemos que sumar otras modalidades criminales que azotan al ciudadano y a las organizaciones que hacen vida en Venezuela: robos, hurtos, estafas, violencia familiar, entre otros.
Ante un escenario poco alentador, los ciudadanos con toda razón, por lo general no solo cuestionan la gestión del Estado, sino que se preguntan si realmente pueden contribuir en algo a minimizar las acciones de los delincuentes.
En primer lugar, hay que aclarar que todo sistema de seguridad bien sea ciudadana o corporativa, debe incluir al recurso humano como componente fundamental, sin el cual los objetivos planteados, y las funciones básicas no son posibles de alcanzar y por tanto se compromete el éxito. En segundo lugar, el Estado no puede delegar su responsabilidad de ser protagonista principal en el manejo de las políticas de seguridad en sus diferentes modalidades. Y como tercera consideración, en Venezuela, como en algunos otros países de América Latina, la confianza en las instituciones del Estado desde hace ya varios años está seriamente deteriorada, por lo que con mayor frecuencia el ciudadano busca autogestionar la seguridad. En oportunidades esas iniciativas han tenido un desenlace lamentable, ya que se asumen atribuciones que no les corresponden, para los cuales no están preparados, que se desvirtúan transgrediendo los límites legales, generando situaciones anárquicas y transformándose en problemas de igual o mayor magnitud a los que se desea resolver.
Pero, por otra parte, existen casos de éxito en el ámbito internacional, donde los ciudadanos han logrado agregar valor a las gestiones de seguridad, elevando, por tanto, la calidad de sus entornos laborales y familiares. Existen algunos factores comunes que se deben considerar, de los cuales abordaré uno que considero clave: el entorno familiar.
En oportunidades se insiste en endosar a los centros educativos la formación en aspectos que corresponde a los padres y representantes. El principal objetivo de los educadores es transmitir conocimientos académicos, pero lo concerniente a valores, ética, moral, entre otros, es responsabilidad del entorno familiar. Por ejemplo, cuando se transgreden normas de convivencia ciudadana se elevan las posibilidades de que se generen situaciones de violencia.
Por otra parte, un comportamiento negativo que se repite y es modelado hacia los hijos, llega a ser considerado como normal por estos últimos y, por tanto, van a ser multiplicadores del mismo. Fomentar valores como la tolerancia, la cortesía, la honestidad, el autocontrol, la disciplina y el reconocimiento, contribuye a que, desde temprana edad exista un manejo positivo de las relaciones interpersonales y un respeto a los derechos y deberes de los demás. Cuando se deja al azar la formación en estos aspectos, queda abierto el paso a los antivalores tales como la infidelidad, la impunidad, el odio, el desprecio y la deshonestidad, entre otros, que no casualmente caracterizan a quienes protagonizan situaciones violentas o delictivas. De hecho, una de las características del delincuente violento latinoamericano y muy especialmente el venezolano, es la fragilidad de su entorno familiar desde sus orígenes. La ausencia de alguno de los padres o la presencia de padres negativos (delincuentes, violentos, consumidores de drogas), influye de manera determinante en futuros comportamientos. Así mismo, la característica de una familia donde existe una sola figura de liderazgo, en la mayoría de las veces femeninas, habla muy bien de como las componentes de ese género asume responsabilidades muchas veces por encima de sus posibilidades, pero no es garantía de la formación integral de calidad que los hijos merecen.
La oportunidad de aportar a la seguridad propia y colectiva, no necesariamente implica planes complejos o recursos cuantiosos. Desde nuestros propios hogares, es posible generar cambios determinantes que harán de nuestro país, el que todos necesitamos. Pero debemos participar e involucrarnos responsablemente como ciudadanos, en la obtención de esas victorias que anhela nuestra sociedad.