La abogada Rocío San Miguel afirma que dar fusiles a los civiles milicianos atenta contra el artículo 329 de la Constitución. La gravedad está en que no hay garantía de que este armamento no llegue a los colectivos e incremente la represión
En medio de clamores por la falta de alimentos y medicinas, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para que cada miliciano tenga un fusil, tras argumentar que “no es tiempo de traición, es tiempo de patria y revolución”. Aunque no precisó el monto de cuánto dinero autorizó, indicó que para este año la meta es extender este grupo de civiles armados a 500 mil miembros. Las reacciones nacionales e internacionales no se hicieron esperar. ¿Cuánto cuesta aminorar la escasez de miles que padecen por hambre?, ¿cuántos niños con cáncer han muerto por la insuficiencia de medicamentos?, ¿cuánto cuesta surtir de hipertensivos a los miles que fallecen por la falta de sus pastillas? Esto sin considerar el riesgo de ciudadanos con fusiles en un contexto de tensión política por la tan cuestionada ruptura del hilo constitucional.
La abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, enfatizó que aprobar recursos para armar a civiles es inconstitucional. El artículo 324 de la Carta Magna establece que “solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra”. La Fuerza Armada Bolivariana (FANB) es la única con competencia para el almacenamiento, control y posesión de este tipo de armamento.
“Esta decisión es una afrenta para la sociedad venezolana y para la FANB, además hay que tomar cuenta que esto fue algo que el pueblo rechazó el 2 de diciembre de 2007 cuando fue consultado en referendo”, declaró San Miguel en entrevista con La Verdad.
En el 2007, el presidente Hugo Chávez propuso reformar el artículo 329 de la Constitución para agregar a la Milicia Nacional Bolivariana como uno de los componentes de la FANB en reemplazo de la Reserva Militar; también planteó decretar autoridades especiales de contingencia en caso de desastres o cualquier otra situación que requiera la intervención inmediata y estratégica del Estado.
San Miguel indicó que uno de los puntos más graves es que la Milicia Bolivariana no es un cuerpo profesional y que tienen un claro rol político. “Significa mayores amenazas a la población civil en Venezuela. No hay garantías de que las armas no terminen llegando a los colectivos”.
Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, resaltó “la gravedad” de la medida. “Es inaudito que en un país donde no hay alimentos ni medicinas, se esté destinando dinero para armas. Esto profundiza la militarización de la sociedad. No descartó que el armamento sea para amedrentar a la oposición. “Si a la represión de la GNB, de la PNB y de los colectivos, añadimos milicianos armados, es grave”.
AN no aprobará recursos
Carlos Berrizbeitia, diputado de la Asamblea Nacional (AN) por la MUD, precisó a este medio que comprar un fusil de asalto en el exterior ronda entre mil 500 y dos mil dólares. La cifra multiplicada por 500 mil por cada miliciano supera los 750 millones de dólares, lo que podría servir para abastecer de insumos las áreas de emergencias de 20 hospitales del país.
“Si van a comprar esos fusiles a crédito, la AN no se los va a aprobar. Nos negaríamos rotundamente porque eso no está en el presupuesto, no solo por la ilegalidad, sino por un aspecto moral debido a la grave crisis que hay en el país”, acentuó el parlamentario.
