La instancia consideró que el caso cumplió con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de los daños
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a todos los niños que se evalúan y reciben tratamiento en el Servicio de Nefrología del Hospital Pediátrico JM de los Ríos.
La medida cautelar N°1039-17, que descansa en la Resolución 8/2018 de la CIDH, solicita al Estado venezolano garantizar la vida, integridad física y salud de los niños del área de nefrología. “En particular, la Comisión considera que las autoridades deben proporcionar un tratamiento médico que tome en cuenta, entre otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos, conforme a las recomendaciones de los expertos correspondientes, así como la satisfacción de sus necesidades nutricionales y otras medidas complementarias”, resalta la decisión.
La Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) introdujo el 22 de diciembre de 2017 una solicitud de adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la salud de los niños del Servicio de Nefrología del JM de los Ríos, debido a que “se encuentran en una situación grave de riesgo con motivo de su estado de salud y la falta de tratamiento médico adecuado”, especialmente por el desabastecimiento de medicamentos que enfrenta el centro pediátrico de referencia nacional que depende del Ministerio de Salud.
Contaminación
La instancia pidió al país, además, que adopte medidas para que el servicio del hospital esté en adecuadas condiciones de salubridad y seguridad, según las pautas exigidas por estándares internacionales. En el pliego de argumentos, los solicitantes de la medida precisaron que el hospital pediátrico no tiene condiciones de salubridad adecuadas y, por esa razón, al menos, 10 pacientes fallecieron entre los meses de mayo y diciembre del 2017 al haber contraído bacterias
Entre esos niños fallecidos se cuentan Raziel Jaure (10), Samuel Becerra (12), Dilfred Jiménez (15) y Ángel Laya (2), quienes fallecieron entre mayo y julio de 2017 luego de contraer bacterias en la unidad de hemodiálisis del JM de los Ríos que presentó un brote infeccioso registrado desde 2016. Según lo reportado a la instancia por Cecodap, el área no es descontaminada adecuadamente. Los niños, en aquel momento, se infectaron en medio de una carencia de antibióticos y otros medicamentos.
Recordaron, además, que el Ministerio Público comisionó al fiscal 66.° nacional auxiliar para coordinar una investigación sobre la muerte de los cuatro pacientes en el hospital pediátrico el 13 de julio de 2017. El caso fue discutido, previamente, el 5 de julio durante las reuniones realizadas en el marco del 163.º período de audiencias de la CIDH, donde se planteó enviar a un grupo de observadores para constatar la situación.
Los representantes de Cecodap alegaron, entre otras razones, para justificar la medida que los niños con insuficiencia renal, que dependen solo de la hemodiálisis, no tienen acceso actualmente al Programa de Trasplante y Procura de Órganos del Ministerio de Salud que fue suspendido el 29 de mayo de 2017 por las fallas de abastecimiento de inmunosupresores para mantener los injertos; incluso señalaron que tampoco se les puede transfundir sangre a los pacientes por la carencia de reactivos en el centro asistencial.
Sin respuesta
Sobre estos aspectos, Venezuela no ofreció respuesta a la comisión. La CIDH solicitó el pasado 9 de febrero información al Estado para que aportara datos en un lapso de siete días sobre la demanda. Vencido el plazo, el 16 de febrero, el país pidió una prórroga para levantar datos sobre la situación.
El organismo de la OEA consideró que el caso se ajusta a los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que dan pie a la aprobación de medidas cautelares, según lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Por ello, la instancia solicitó a las autoridades de Venezuela informar en un lapso de 10 días, contados a partir del 21 de febrero, sobre la aplicación de las medidas cautelares y aportar, periódicamente, información actualizada sobre el caso, según publicó El Pitazo.