De perder el Gobierno en el 2017, saldría Maduro del cargo, pero retendrían el PSUV en el poder, poniendo en su lugar al vicepresidente, que bien pudiera ser la misma Cilia Flores
La Toma de Caracas consiste en una concentración pacífica masiva de la sociedad civil venezolana en la ciudad Capital para presionar al régimen, obligándolo a autorizar el derecho constitucional que le corresponde al pueblo de revocarle el mandato a Nicolás Maduro.
Mientras este artículo se escribe hoy miércoles, no se sabe cómo se desarrollarán los acontecimientos, excepto que el propósito único y excluyente de cualquier situación de violencia de los organizadores, no está planteada. Se trata de una pacífica marcha de por lo menos un millón de personas, quienes querrán demostrarle al régimen tiránico de Maduro, calificado así por los medios de comunicación mundiales, que al pueblo no se le burla ni mucho menos se le inculcan sus derechos.
El régimen madurista rechazado nacionalmente en un 83 % de la colectividad y el deseo del 92 % de los encuestados de ir masivamente a expresar su opinión al respecto, se opone a que ocurra la consulta popular. ¿Razones? Iría a recibir la más contundente derrota democrática jamás ocurrida en toda la historia del país.
La Constitución nacional señala que celebrado el revocatorio a favor del “sí” este mismo año 2016, Maduro perdería el cargo en Miraflores y habrá que llamar a nuevas elecciones en 30 días. El PSUV podría lanzar en ese entonces, un candidato propio que no sea de los réprobos que están hoy en día gobernando, al igual que también lo harían los distintos partidos políticos que integran la MUD. Lo ideal sería, de ocurrir eso, que se conformara una junta cívico-militar integrada por los militares institucionalistas, gente del PSUV, de la MUD, con algunos independientes notables y también un representante de la Iglesia, para así calmar al país, poner orden, normalizar y armonizar las relaciones y neutralizar el efecto del caos producido por la crisis humanitaria que atosiga al pueblo venezolano. Esa junta duraría en sus funciones un año por lo menos, siguiendo la experiencia recogida de la caída de la dictadura perezjimenista. Lo señalado se niega aceptarlo el régimen madurista, prefiriendo que el referéndum revocatorio se haga después del 16 de enero de 2017.
En tal caso, de perder el Gobierno en el 2017, saldría Maduro del cargo, pero retendrían el PSUV en el poder, poniendo en su lugar al vicepresidente, que bien pudiera ser la misma Cilia Flores. Toda una burla al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, a la OEA, la ONU, Mercosur, Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo.
Se le pide a Nicolás Maduro que le ordene a las cuatro “comadres” suyas del CNE fijar la fecha del revocatorio ya. El país democrático y decente, pacífico y enemigo de la violencia, no quiere confrontaciones, golpes de Estado, ni guerras civiles sino una salida pacífica y democrática de la crisis que hundió a Venezuela en la miseria. De eso se trata!.-